EN ESPECIAL
¿Y los fiscales de los cuarteles?
La sangre que cubre el rostro nacional dificulta ver el alcance de las medidas forzosamente adelantadas por el gobierno para la modernización de la Policía Nacional.
Y es que son tres vidas jóvenes truncadas con inexplicable bestial violencia, en momentos de custodia, “protección policial”, en cuarteles de San José de Ocoa, Santiago y el ensanche Naco, en el Distrito Nacional.
Absurdas explicaciones justificativas de las muertes, versiones contradictorias, atajos mentirosos, en fin comportamientos que repiten libretos de hace años.
La vocería policial acude, en el caso de Naco, a la versión de la autoflagelación que coloca en boca de los policías verdugos, pero de inmediato una ruta crítica para validar el mamotreto del “sujeto violento”, con filtraciones editadas para amplificación de los allegados y distorsionar los hechos.
El intento revictimizador eleva el encono social y entonces se desvanece por completo la reducida confianza en la institución, lo que impulsa a familiares y ciudadanos al camino de las protestas y reclamos en otro tono.
Richard Báez, José Gregorio Custodio y David de los Santos son los tres ejecutados más recientes de una cadena de muertes que no siempre saltan a la portada de los diarios.
Uno no quisiera pensar que exista una suerte de rencor en cascada jerárquica que tenga como último eslabón al civil, al ciudadano de a pie. Evidentes comportamientos de desprecio a la vida humana.
Los fiscales, colocados en la mayoría de centros policiales son los grandes ausentes y, por omisión (a veces por participación), son cómplices de los desmanes.
En los casos mencionados, la procuradora general, Miriam Germán Brito, expresó “indignación, dolor y vergüenza” e instruyó a la dirección de Persecución que “coordine las investigaciones sobre muertes en cuarteles policiales”.
(En medio de las quejas por el comportamiento policial, la pasada semana hubo un fuerte golpe a la creencia en el sistema de justicia cuando un tribunal de Villa Vásquez, Monte Cristi, dispuso la libertad de cinco policías adscritos a la DNCD y a una exfiscal, acusados de colocar drogas en una barbería, captada en videos y que el país observó indignado en 2019. El colmo es que el ministerio público retiró la acusación por supuesta falta de pruebas, ausencia de testigos y por acusación alegadamente mal instrumentada. Se impone una rigurosa y ejemplar investigación, que no he escuchado se haría).
El presidente Abinader que expresó su consternación desde que se divulgó la muerte de David de los Santos y dijo que los responsables serían apresados y sometidos a la justicia, proclamó que hará la reforma policial sin importar el costo político que tenga que pagar y advirtió que “tomará años”.
El mandatario esta vez se preservó y envió al ministro de Interior y Policía y al Comisionado para la Reforma Policial a dar la cara, y en una rueda en el Palacio Nacional anunciaron 14 medidas, entre las que citaron instalación de cámaras en las patrullas y los destacamentos, un centro de monitoreo de los cuarteles en el ministerio, que supervisará directamente Asuntos Internos.
También la ratificación y ejecución del Protocolo de la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles de Naciones Unidas que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, saludó esta última decisión a cuyo cargo está la vigilancia del tratado y recordó que en los días previos había remitido una carta al presidente Abinader en la que señalaba la urgencia del acuerdo.
Hay medidas importantes, pero siempre serán insuficientes en un proceso que requiere años y muchos recursos económicos, sin politiquería.
Con firme voluntad política habrá menos casos de abusos policiales, pero no han terminado…