Desestabilizar...

La fracasada huelga que patrocinaron la víspera un grupo de organizaciones populares en la región del Cibao, tiene, a la luz del más tenue análisis, una clara intención sediciosa, politiquera y desestabilizadora, amén de insensata y desproporcionada en sus pedimentos.

Y es que si bien es cierto que la huelga es una de las principales herramientas que provee la democracia para reclamar, la misma siempre debe ser la última opción y utilizada solo cuando han fallado todas las negociaciones, cosa que no es el caso de la especie. Rebaja en el precio de los combustibles y la canasta familiar; aumento general de salarios, mejoría del de agua potable; preservación del medio ambiente y de los recursos naturales son solo una parte de los innumerables reclamos que son meros pretextos. El gobierno, que tiene a su favor haber realizado una serie de acciones para mitigar las consecuencias de una crisis de origen externo como aumentar las ayudas sociales, realizar más de 17 reajustes salariales, homologar las pensiones, subsidiar los combustibles y los fertilizantes entre otras, nunca se ha negado a dialogar. Esto además de la ejecución y el inicio de muchas obras de infraestructura (acueductos, puentes, asfaltados, politécnicos, etc.) en todo el país. La propia huelga, que por definición es simplemente el paro de las actividades cotidianas, se desnaturaliza al incorporar acciones vandálicas como el saqueo, la quema de neumáticos, el lanzado de basuras a las calles y el tiroteo. Para nadie es un secreto que este tipo de llamados requiere de una organización, coordinación y logística donde el elemento económico juega un papel preponderante. Por tanto, es obvio que la intentona tuvo padrinos.