¿Tasa cero para la delincuencia?

En una visita que realizó a principio del presente mes a la Academia 2 de Marzo de Hatillo, en San Cristóbal, el presidente Luis Abinader exhortó a quienes no sientan pasión y patriotismo evitar ingresar a las filas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Citó también la necesidad de tener un cuerpo del orden ejemplo de eficiencia, transparencia y de servicio para todo el país.

En realidad tener una Policía saneada, como anhela el mandatario, va más allá de que no decidan ingresar las personas con un perfil totalmente divorciado del sagrado deber de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.

Las autoridades que deben velar por una exhaustiva evaluación de quienes aspiren a formar parte de ambas instituciones son las más llamadas a extremar el cuidado para evitar que se cuelen aspirantes sin ninguna vocación para brindar el vital servicio.

Pero el auge de una delincuencia cada día más agresiva y desafiante no se limita a controlar ingresos o lograr el tan necesario saneamiento de la Policía.

Es un problema con múltiples aristas, y para muestra un botón: el robo de las tapas y parrillas de los imbornales en las vías públicas expuesto la semana pasada por Listín Diario en un reportaje.

Se trata de una lesiva práctica delictiva que atenta contra la seguridad de peatones y conductores que a diario se desplazan por calles, avenidas y aceras en condiciones de alto riesgo.

Pero no se trata de una manifestación delictiva novedosa. La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anunció de inmediato que planifica la licitación de unas 100 tapas para iniciar un proceso de reposición en zonas que definió como críticas.

Junto con esa solución, el ingeniero Luis Salcedo, encargado de operaciones de la CAASD, informó que ahora serán usadas tapas de un material plástico resistente porque, según admitió, no hacen nada con invertir recursos en las de metal que en “dos o tres semanas se las van a robar y vamos a tener el mismo problema”.

Tanto la Policía como la CAASD conocen perfectamente el destino de esas tapas y también de cables del tendido eléctrico robados: las empresas metaleras y talleres de fundición.

Igual pasa con el robo de retrovisores, baterías y otras piezas de vehículos que tienen un mercado seguro en las tiendas de repuestos. Los celulares encuentran también un nicho en las ofertas de desbloqueos de cualquier dealer de activación de móviles y joyas que arrebatan antisociales a ciudadanos terminan en cualquiera de las tantas compraventas instaladas en el país.

Se da la paradoja de que algunos clientes terminan comprando en esos negocios los mismos accesorios que les robaron.

Como se trata de artículos obtenidos a precios de delincuencia, el margen de beneficio es mayor para quienes adquieren esas mercancías por cantidades irrisorias y libres de impuestos.

Simplemente hay un mercado de oferta y demanda para la delincuencia que las autoridades no enfrentan con la debida vocación y rigurosidad.

Ir contra quienes compran los objetos robados sería una manera de erradicar de raíz algunas prácticas delictivas tan arraigadas en la sociedad, con medidas que podrían incluir hasta el cierre definitivo de esos negocios.

Sería una manera de eliminar esa tasa cero para la delincuencia.