La doble moral de valorar el block y anudar el cordón umbilical

República Dominicana tiene todo el derecho de aplicar una política migratoria que detenga el flujo profuso de ilegales a su territorio, sin importar su nacionalidad, y de ponerle freno a cualquier práctica que atente contra la soberanía nacional.

Una nación que se defina como civilizada y organizada regula de manera efectiva la entrada de extranjeros a su territorio, siempre ajustado a sus leyes y al debido respeto de los derechos humanos.

En el caso nuestro ha sido harto difícil detener el ingreso al país de ilegales haitianos por múltiples razones, pero las principales son una frontera porosa y la corrupción a todos los niveles que permite, tolera y cuando le conviene restringe el paso de indocumentados.

La decisión del gobierno de apresar a embarazadas haitianas en maternidades dominicanas y deportarlas a su país, sin brindarles asistencia, retrata el doble rasero de las autoridades en la aplicación de su política migratoria.

Las maternidades, aunque son un elemento, no constituyen el epicentro del terremoto migratorio que desde hace décadas mantiene desbordada nuestra capacidad de respuestas en la demanda de bienes y servicios, prácticamente para dos países.

Lo primero es que el control debería comenzar en la frontera para evitar la entrada y el posterior trato inhumano de negarles asistencia a mujeres en labores de parto, un servicio en que la nacionalidad jamás debe tomarse como excusa para declinarlo.

Dominicanas también han emigrado con idéntico objetivo a otros países y no creo que ningún compatriota deba sentirse feliz y hasta celebrar con bombos, platillos y ditirambos al gobierno de la nación adonde llegaron a parir por dispensarles un trato similar.

Claro, un efectivo control migratorio en la frontera no sería un negocio rentable para empresarios dominicanos que se nutren de mano de obra barata a todos los niveles de la economía nacional, especialmente en la industria de la construcción.

Acudir donde quiera que se levanta una obra a apresar y deportar haitianos ilegales paralizaría un elemento vital de la economía dominicana, pese a que tendría un mayor impacto en materia de imagen favorable para el gobierno, que hacerlo con humildes embarazadas que nada aportan al Producto Interno Bruto del país.

Más allá de las maternidades, haitianos ilegales están día tras día, a la vista de todos, inmersos en la economía formal e informal. Para muestra un pequeño botón: Casi el 100% de los vendedores de cocos de agua y de los obreros de la construcción en el país son ciudadanos de la vecina nación.

A lo largo y ancho del territorio nacional, además, se han conformado guetos donde decenas de familias haitianas habitan en condiciones infrahumanas, ante la mirada indiferente de las autoridades.

Si de controlar la migración ilegal de haitianos se trata pienso que la decisión más desacertada ha sido comenzar por negarles asistencia a las embarazadas haitianas, aunque una amplia mayoría de dominicanos celebren tal desatino que echa por el suelo nuestra imagen internacional de nación solidaria y respetuosa de los derechos humanos.

Por supuesto, siempre será más populista y sin traumas para la economía dominicana anudar el cordón umbilical, en lugar de quebrar un “miserable block”.