Caso cerrado

Con el morbo generado por la investigación periodística Pandora Papers, basada en la filtración de cerca de 12 millones de documentos confidenciales provenientes de catorce oficinas legales especializadas en la creación de sociedades offshore en diferentes en países, se ha pretendido juntar a mansos y cimarrones. Esto porque si bien es cierto que muchas personas (jurídicas y físicas) utilizan estas estructuras para ocultar el origen turbio de sus capitales y evadir impuestos, no todo el que usa este mecanismo financiero tiene esos propósitos. Y es que una offshore es una empresa registrada en un país en el que no lleva a cabo ninguna actividad económica buscando beneficiarse de las condiciones que ofrecen estos territorios, tales como los atractivos fiscales y una mayor protección de sus activos. Por lo que, si una entidad societaria está declarada en el territorio de origen y ha pagado sus impuestos, su existencia es absolutamente válida y no implica ningún delito. De ahí que la intención de endilgar pecaminosidad a que, y desde su condición de empresario, el presidente Luis Abinader sea parte de empresas offshore es ridículo porque el patrimonio de la familia Abinader, construido sobre la base de largos años de trabajo, esfuerzo, cumplimiento y transparencia, está fuera de cualquier cuestionamiento. Abinader en ningún momento ha ocultado que posee offshores y cuya instalaciones, iniciadas cuando aún en que en el país no se tenían las legislaciones correspondientes, fueron hechas antes de ser presidente de la República, independientemente a que desde que ocupa la misma, no ejerce actividad económica ni comercial. Ahí, ese caso está cerrado.