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Puntos de vista domingo, 05 de septiembre de 2021

El hecho de… no implica que…

José Manuel Arias M.

Es innegable que en los últimos años el tema de la independencia del ministerio público ha venido cobrando fuerza en amplios sectores de la sociedad dominicana, y quienes propugnan por esa independencia parten del criterio de que para que el manto de la impunidad no termine cubriendo toda inconducta se hace necesario que el órgano llamado a perseguir los crímenes y delitos en nombre del Estado no responda al sector político que encabece el gobierno en un momento determinado, y que en consecuencia su designación no recaiga sobre el presidente de la República como está consignado en el artículo 171 de la Constitución.

No obstante, sin ánimo de entrar en este tipo de consideraciones por estar absolutamente convencido de que -lo consigne o no la norma- lo más importante es que quienes desempeñen esas funciones las asuman con la entereza que las mismas demandan, sin postrarse jamás al poder político ni ante ningún otro poder o injerencia, sino apegándose a la Constitución y a las leyes; actuando de esta manera nadie podría prevalerse de la impunidad, que es la mayor aliada y el mejor incentivo para las malas prácticas ante la falta de un régimen de consecuencias.

Esto así porque tanto los representantes del Ministerio Público (fiscales) como los del Poder Judicial (jueces) tienen suficientes herramientas jurídicas para actuar libre de toda injerencia política o de cualquier otra índole, pero eso no podrá ser posible si antes no existe en quienes ejercen esas delicadas funciones la reciedumbre moral y el carácter suficiente para actuar de la manera en que está concebido lo hagan; es que si lejos de esto se cae presa de intereses ajenos a sus funciones, es obvio que no podrán cumplir con las funciones puestas a su cargo.

En esa línea de acción resulta imprescindible contar con personas al frente y dentro de las instituciones con las prendas morales requeridas no sólo para no ceder ante propuestas indecorosas, presiones, intereses de grupos y demás, sino éticamente incuestionables para que puedan poner en su lugar a quienes intentaren desviarlos del sendero correcto, independientemente de quien se trate, el cargo que ocupe o el sector que represente.

Igualmente resulta muy importante que se refuercen los mecanismos de control interno de las instituciones y que los órganos de supervisión jueguen su rol, de tal manera que en todas las esferas la “línea conductual” sea la misma, pues el hecho de que la cabeza de determinado poder o institución del Estado actúe de manera correcta -si fuere el caso- no implica que así actúe el cuerpo en su totalidad, que es lo verdaderamente importante, ya que le sirve de muy poco al país que la actuación correcta desde el punto de vista ético sea algo excepcional, reservado a quienes ostentan cargos de dirección, sino que lo importante es que el buen comportamiento se convierta en regla general que permee la totalidad de sus integrantes.

Es claro que tiene un gran valor que quienes dirijan las instituciones actúen de la manera más correcta posible; así se pueden enviar señales hacia abajo, pero por encima de eso es mucho más importante aún que quienes las integran asuman ese comportamiento, pero lo ideal sería que todos exhiban una línea conductual correcta, apegados al espíritu de la norma que crea y ampara la institución a la que se pertenece, pues si el cuerpo en su conjunto está actuando correctamente y no así la cabeza -si fuere el caso- será el titular de la institución el que quedaría mal parado y para suerte del país con prescindir de este bastaría, en cambio que si sólo actúa bien la cabeza y el cuerpo va en desbandada -si igualmente fuere el caso- entonces sí que sería un grave peligro para el país.

En esencia, y es lo que queremos dejar claro, el hecho de que el titular de un poder del Estado o de determinada institución pública exhiba un buen comportamiento, intachable desde el punto de vista ético y admirable por la eficiencia de sus labores, no implica necesariamente que los integrantes de ese poder o institución actúen igual, pues en ocasiones puede ser todo lo contrario, y de lo que se trata es de que se cree y permanezca una cohesión entre la cabeza y el cuerpo, produciendo la sinergia que se requiere y ahí sí que el país podría dormir tranquilo.

Claro está, siempre de la mano de mecanismos internos que puedan supervisar esas actuaciones y que ceñidos al debido proceso puedan establecer las consecuencias para quienes avergüencen a su institución con actuaciones incorrectas. A veces hay casos que muchos ven como cuestionables, cual es el caso de la ostentación de bienes que no resisten la más mínima auditoría visual y no pasa absolutamente nada con los detentadores de los mismos, evidenciándose así una falta total y preocupante de supervisión y de rendición de cuentas.   

Si logramos llegar a ese estadio entendemos que entonces sí que estaremos dando pasos concretos en el fortalecimiento institucional del país, que es una garantía no sólo para el avance de la nación, sino para su preservación y supervivencia, y como esa es una gran tarea es obvio que no puede recaer en la cabeza de manera exclusiva de determinado poder o institución, ya que lo más importante es que exista un sentido de cuerpo donde los integrantes de la orquesta toquen la misma partitura en términos conductuales, lo que no se logra sólo con el director, puesto que, definitivamente, el hecho de… no implica que…

El autor es juez titular de la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, con sede en el Distrito Judicial de Peravia.