Aristas para las ciudades inteligentes

La semana pasada abordamos el enfoque de las Smart Cities o ciudades inteligentes donde se explicó que son el resultado de la necesidad cada vez más imperiosa de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad, de la misma forma compartimos la reflexión sobre “la base de la transformación (hacia las ciudades inteligentes) es la identificación ciudadana”.

Principalmente el discurso de transformación digital, economía digital y ciudades inteligentes está liderado por el enfoque de infraestructura: construir, activar, habilitar y conectar a los usuarios a las tecnologías implantadas y que luego, que los usuarios las aprendan a utilizar.

Desde hace una década, el enfoque de infraestructura ha avanzado y dejado una huella tecnológica a su paso, generaciones de conectividad 2G, 3G y 4G, potenciando la revolución de datos móviles y el Internet de las Cosas. Ahora tenemos un nuevo reto el despliegue del 5G.

Pero en la medida que avanzó la implantación, se produjo otro fenómeno que registran organismos en toda la región: la falta de asequibilidad para lograr una adopción equitativa. Tanto el PNUD y la GSMA –para mencionar dos– en informes separados, relatan como las poblaciones en Latinoamérica no han podido seguir el ritmo al modelo de infraestructura y de obsolescencia programada.

En cifras concretas, para el año 2018, el 33% de la población en Latinoamérica es suscripción de Banda Ancha Móvil, 57% tiene cobertura pero no es un usuario de Banda Ancha Móvil y 10% no tiene cobertura –de una población de 634 millones de habitantes. Para el año 2025, según la GSMA la penetración será de un 67% en una población de 700 millones de habitantes. La asequibilidad es el mayor reto para el futuro de la adopción tecnológica de nuestros ciudadanos. Por esta razón, en nuestro territorio, el mapa de desarrollo humano nos muestra el reto de las políticas públicas en materia de infraestructura móvil.

La conectividad es un reto en poblaciones que no pueden pagar por el acceso y los recursos del Estado no son infinitos para subvencionar el acceso eternamente.

Aquí viene la polémica que nos aborda y que debe ser un componente de las conversaciones multisectoriales acerca de conectividad y el desarrollo que producirá dicha conexión digital: ¿son nuestros modelos de implantación sostenibles a través del tiempo? Dicha sostenibilidad si la logramos, ¿generará inclusión?

En el evento Asunción & Bolivia Media Show que celebró este año, el sector de telecomunicaciones fue claro al mencionar que “a pesar de la gran actividad y aceleración de consumos durante la pandemia, las telcos no tradujeron la demanda de datos en ingresos, un desafío para mejorar retornos a los inversionistas, a diferencia de otros sectores, aunque esta problemática es previa al covid”.

La UIT estima que se necesita una inversión de USD 428.000 millones para achicar la brecha digital a nivel global. Pero se estima que estas inversiones se realizarán si hay previsibilidad y reglas claras para que las inversiones se desplieguen naturalmente.

Si el mercado es lo suficientemente avanzado (ya tenemos más de un millón de suscriptores de 4G en nuestro país, por ejemplo), ¿debemos considerar una mejora de la identificación ciudadana para lograr modelos de conectividad más sostenibles? La respuesta es sí