CONTROVERSIA
Vacunación total, meta país
El proceso de vacunación en RD tuvo un gran impulso la semana recién transcurrida.
De centros de vacunación semidesiertos de hace unos días, hemos llegado a cifras récords. No hay dudas de que una combinación de factores han puesto a RD en modo de vacunación: La campaña anunciada por el gobierno, las preocupantes noticias de aumento de contagios, llegadas de nuevas variantes y decisión de muchas empresas están exigiendo a sus empleados tarjeta de vacunación.
El esfuerzo de vacunación ha unido al pueblo ante la adversidad. Son cada vez más reducidos los grupos anti vacuna en RD.
La noticia de que RD puede ser líder en vacunación anti Covid le dará la vuelta al mundo y puede ayudarnos mucho a la reactivación del trismo y la economía.
Estoy de acuerdo en que, por ahora, sigamos el camino de incentivar por diferentes vías la vacunación. Pero hay que estar claro en que la inmunidad de rebaño o protección colectiva de la población no se logrará si una parte de la población no se vacuna.
Todo el esfuerzo meta país para salir de la crisis del Covid estaría en riesgo si un parte de la población decide no vacunarse. Esa parte minoritaria de la población nos perjudicaría a todos, atándonos a convivir con la crisis por años. En este punto entrará la discusión de si el Estado puede o no imponer la vacunación obligatoria sin violar la Constitución de la República.
Es importante resaltar que la vacunación obligatoria está prevista en la Ley General de Salud, facultad de Ministerio de Salud Pública cuando existan riesgos para la salud de la colectividad.
¿Es inconstitucional esa ley? Hasta ahora no ha sido impugnada en inconstitucionalidad. Los que se oponen a la obligatoriedad esgrimen el texto del Artículo 42.3 de la Constitución, que se refiere a procedimientos médicos que no cumplan con normas científicas y bioéticas internacionales.
No se puede aplicar el Artículo 42.3, porque en el caso de las vacunas han sido aprobadas por OMS. No son experimentos. Son vacunas que cumplen con normas científicas y bioéticas.
Lo otro que hay que precisar es que la obligatoriedad no necesita coerción física contra o sobre el ciudadano que no quiere vacunarse.
La obligatoriedad implica restricciones de derechos fundamentales que pueden ser reglados por ley por mandato constitucional.
Lo que están haciendo las empresas, los sindicatos y otros sectores: Exigir tarjeta de vacunación para acceder a determinados servicios. Para recibir ayudas sociales del gobierno. Para poner ejemplos, cuando hay conflicto de derechos fundamentales, el más importante prevalece. El colectivo sobre el individual. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia reciente de abril determinó que las vacunaciones obligatorias son compatibles con sociedades democráticas.
Ojalá y no se necesite en RD ponerla obligatoria, pero sí es necesario e indispensable. No sería inconstitucional. Una minoría no puede dañar el esfuerzo de todo un país de salir de esta plaga maldita que es el Covid. El bien común prevalece.