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CONTROVERSIA

Vacunación total, meta país

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Vinicio A. Castillo SemánSanto Domingo

El proceso de va­cunación en RD tuvo un gran impulso la se­mana recién transcurrida.

De centros de vacuna­ción semidesiertos de ha­ce unos días, hemos llega­do a cifras récords. No hay dudas de que una com­binación de factores han puesto a RD en modo de vacunación: La campaña anunciada por el gobierno, las preocupantes noticias de aumento de contagios, llegadas de nuevas varian­tes y decisión de muchas empresas están exigiendo a sus empleados tarjeta de vacunación.

El esfuerzo de vacuna­ción ha unido al pueblo an­te la adversidad. Son cada vez más reducidos los gru­pos anti vacuna en RD.

La noticia de que RD puede ser líder en vacuna­ción anti Covid le dará la vuelta al mundo y puede ayudarnos mucho a la reac­tivación del trismo y la eco­nomía.

Estoy de acuerdo en que, por ahora, sigamos el cami­no de incentivar por dife­rentes vías la vacunación. Pero hay que estar claro en que la inmunidad de reba­ño o protección colectiva de la población no se logrará si una parte de la población no se vacuna.

Todo el esfuerzo meta país para salir de la crisis del Covid estaría en riesgo si un parte de la población decide no vacunarse. Esa parte minoritaria de la po­blación nos perjudicaría a todos, atándonos a convi­vir con la crisis por años. En este punto entrará la dis­cusión de si el Estado pue­de o no imponer la vacuna­ción obligatoria sin violar la Constitución de la Repúbli­ca.

Es importante resaltar que la vacunación obliga­toria está prevista en la Ley General de Salud, facultad de Ministerio de Salud Pú­blica cuando existan riesgos para la salud de la colectivi­dad.

¿Es inconstitucional esa ley? Hasta ahora no ha sido impugnada en inconstitu­cionalidad. Los que se opo­nen a la obligatoriedad es­grimen el texto del Artículo 42.3 de la Constitución, que se refiere a procedimien­tos médicos que no cum­plan con normas científicas y bioéticas internacionales.

No se puede aplicar el Artículo 42.3, porque en el caso de las vacunas han si­do aprobadas por OMS. No son experimentos. Son va­cunas que cumplen con normas científicas y bioéti­cas.

Lo otro que hay que pre­cisar es que la obligatorie­dad no necesita coerción física contra o sobre el ciu­dadano que no quiere vacu­narse.

La obligatoriedad impli­ca restricciones de derechos fundamentales que pue­den ser reglados por ley por mandato constitucional.

Lo que están haciendo las empresas, los sindicatos y otros sectores: Exigir tar­jeta de vacunación para ac­ceder a determinados ser­vicios. Para recibir ayudas sociales del gobierno. Pa­ra poner ejemplos, cuando hay conflicto de derechos fundamentales, el más im­portante prevalece. El co­lectivo sobre el individual. El Tribunal Europeo de De­rechos Humanos en senten­cia reciente de abril deter­minó que las vacunaciones obligatorias son compati­bles con sociedades demo­cráticas.

Ojalá y no se necesite en RD ponerla obligatoria, pe­ro sí es necesario e indispen­sable. No sería inconstitucio­nal. Una minoría no puede dañar el esfuerzo de todo un país de salir de esta plaga maldita que es el Covid. El bien común prevalece.

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