Se busca un honorable, senador o diputado

Guardaos de los falsos pro­fetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapa­ces. Por sus frutos los conoce­réis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Mateo 7:15-16.

Las instituciones y poderes del Estado han de estar revestidos y resguardados por una imagen-realidad de idoneidad que los justifique como organismos de servi­cio y rectoría.

Sus perfiles resultan sumatoria de los actos desde ellos realizados: políticas públicas, gestión eficiente y eficaz; ancla­jes éticos y de los benefi­cios que reportan a la so­ciedad.

Los responsables ins­titucionales, a través de sus historias, característi­cas personales y acciones contribuyen a biselar esas imágenes.

En las trayectorias de funcionarios y repre­sentantes, el Estado de­mocrático de derecho no admite violaciones a las leyes. Tampoco que temas personales se so­brepongan, definiendo o dañando las relacio­nes entre instituciones, ciudadanos y organi­zaciones, sin importar ámbitos, credos o ban­derías.

Por demasiado tiem­po, el Congreso de la Re­pública ha estado siendo salpicado por imputacio­nes de inconductas prac­ticadas por “honorables”. Su perfil ante la ciudada­nía está dañado.

Es vox populi la espe­cie sobre supuestos con­gresistas que durante los fines de semana alquila­ban las “placas” oficia­les que, como parte de sus protecciones y bene­ficios, les concede el go­bierno para facilitarles circular privilegiadamen­te, sin vigilancias de poli­cías y militares.

Hoy, cuando un miem­bro del Congreso Nacio­nal es detenido en el ae­ropuerto internacional de Miami, acusado de nar­cotráfico por la DEA es­tadounidense, redobla el temor y rechazo a que perviva el vínculo entre funcionarios, represen­tantes del pueblo y el ba­jo mundo.

Para quien suscribe, no se trata de despreciar o vejar a los demás por sus modos de ser, consumir u otras preferencias o adic­ciones, pues la gente tie­ne derecho a hacer lo que considere, sólo con un lí­mite: la Ley.

Constitucionalmente, nadie —débil o poderoso, funcionario o represen­tante del pueblo— puede violar la Ley.

Aquí hay una ley anti drogas.

Los funcionarios y con­gresistas no pueden ac­tuar en el bajo mundo o el narcotráfico, ni repre­sentarlos o protegerlos. Tampoco violentar los ór­denes ético y jurídico na­cionales.

Como todo se sabe, si ocurre es por confabula­ción.

Quienes contradicen los ordenamientos ético y jurídico están impedi­dos para ocupar posicio­nes en los gobiernos o pa­ra representar al pueblo.

El vínculo narcotráfico y Poder en Dominicana lo fundó Trujillo, a través de Rubirosa y de Ranfis, des­pués.

Es un lastre a erradicar. Lamentablemente pervi­ve, a juzgar por los acon­tecimientos recientes.

Urge, entonces, una ley antidoping: que obligue y faculte a los partidos y ciudadanos a exigir a los candidatos y funciona­rios a cualquier posición aplicarse una prueba, ba­jo un indudable escruti­nio público-social.

Sin un resultado nega­tivo obtenido de ella, los partidos, algún poder, or­ganización o institución no los podrán proponer, admitir o designar.

¿Cuál congresista asu­me esa ley antidoping?

¿Cuál Honorable pone el cascabel al gato?

Gran oportunidad pa­ra demostrar que no es­tán “juntos y reburuja­dos”.