Reforma tributaria y cohesión social

La impostergable discusión sobre la reforma tributaria no es tan solo un asunto de recaudación y números; es también un asunto de cohesión social. Cuando se discuta sobre las fuentes de donde provienen los fondos públicos, a la vez se someterá al debate las brechas que aún persisten en la sociedad dominicana, el modelo económico que ha sustentado 20 años de crecimiento y desarrollo, las estrategias y políticas públicas que buscan la redistribución equitativa de los ingresos del país y la visión de futuro que une – y en algunos casos divide – a las fuerzas vivas de la Nación.

La política tributaria no es un asunto exclusivo de gobernantes, economistas, expertos en tema fiscales, la DGII, la DGA o el Ministerio de Hacienda, es un tema que debe generar el interés de toda la sociedad, porque se estarán discutiendo temas que impactarán a los ciudadanos y ciudadanas por lo menos por un par de décadas.

La cuestión es cómo podemos equilibrar la necesidad de recursos para financiar el desarrollo del país con la necesaria cohesión social, que no es más que la capacidad de los elementos que conforman la sociedad de cooperar y concretar planes en el corto, mediano y largo plazo.

Lo cierto es que la pandemia del COVID-19 ha dejado a todos los países con poco capital social para abordar los temas nodales que requieren atención inmediata, si es que queremos volver al ritmo de desarrollo previo a la pandemia. Y de igual manera, en el caso de los países de América Latina y El Caribe, se ha acumulado una grave deuda social que aún queda por saldar. Antes del COVID-19 ya acumulábamos grandes retos en la salud, en lo económico, en el empleo digno y en la calidad de vida en general.

¿De qué manera se puede enfocar la política tributaria para que no rompa con la necesaria cohesión social? Hace apenas unos días hemos visto la situación en el hermano país de Colombia, cuyo gobierno sometió una amplia reforma tributaria que recibió el rechazo popular y que, como consecuencia, debió ser retirada del Congreso Nacional para buscar armonizar las propuestas de tributos.

Este ejemplo es parte de un círculo vicioso que se repite en muchos países de la región: el gobierno requiere mayores ingresos para financiar las actividades públicas, la política tributaria en los países de la región descansa en el impuesto al consumo, los sectores populares son afectados por las reformas propuestas, la sociedad en general no confía en la administración que realizan los políticos de los impuestos, ninguna política tributaria se modifica sin el concurso de la mayoría de los actores políticos, en fin, no es fácil encontrar la fórmula para una reforma tributaria en América Latina y el Caribe.

A pesar de los acuerdos contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, no existe un grado de consenso satisfactorio en lo que se refiere a la estructura tributaria que requiere el país y la que pueden aceptar los actores de la sociedad. Cualquier ejercicio de reforma se va a caracterizar por muchas interrogantes que no serán fáciles de responder.

Pero si hay algo de lo que debemos estar convencidos es de que el proceso de reforma tributaria será una amenaza a la cohesión social y que lo más importante será plantearnos un objetivo claro a la hora de sentarnos en la mesa de negociación: ¿Buscamos una reforma para elevar los ingresos públicos o estamos dispuestos a transformar la estructura tributaria para generar mayor igualdad social?