El dilema de la austeridad

A nivel mundial, nos enfrentamos a un panorama fiscal complejo que, al parecer, estará muy marcado por la austeridad en el gasto público. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional arrojan que alrededor de 154 países en todo el globo erráqueo asumirán cortes presupuestarios, con impactos al 75% de la población mundial. Es un escenario muy parecido al que observamos después de la crisis monetaria y financiera del 2008-2009, con la diferencia fundamental de que hoy podemos evaluar el peligro que generó una política de austeridad excesiva, como la que implementaron muchos países ante aquella crisis financiera global. La reducción de las pensiones y de los beneficios de la seguridad social, la disminución de los subsidios sociales y de la inversión en servicios públicos, la privatización de servicios y la austeridad en el gasto gubernamental, fueron las normas adoptadas por muchos países, especialmente en Europa, con resultados poco convincentes.

Justo antes de que el mundo se enfrentara a la pandemia, se observaba el retorno de los países que adoptaron la austeridad a los niveles de calidad de vida y de desarrollo de la economía previos a la crisis financiera global, lo que indica que les tomó por lo menos una década completa reconstruir el tejido que había sido destrozado. Ante los efectos de la pandemia y las dificultades sociales que aún persisten, el mundo no dispone de toda una década para retornar a los niveles previos al coronavirus. Esta realidad ha llevado a un amplio conjunto de instituciones y académicos a exigir al Fondo Monetario Internacional y a los Ministros de Finanzas para que no promuevan políticas de austeridad como respuesta económica a la pandemia y que, por el contrario, impulsen políticas de gasto que coloquen la reducción de la desigualdad social como principal objetivo. Ese enfoque, que apoyamos en su totalidad, debe estar en el centro del debate de la reforma fiscal que en poco tiempo se va a discutir. Por un lado, exigir al Gobierno que identifique fuentes de ingresos que afecten lo menos posible a los que reciben menos ingresos, privilegiando las políticas fiscales que disminuyan el gasto tributario, la evasión y la elusión; por el otro lado, mantener y fortalecer las políticas de protección social hasta tanto la economía dominicana retorne a los niveles previos a la pandemia y, finalmente, otorgar prioridad a las inversiones públicas que generen empleos y movimiento de la economía en los sectores más pujantes. Estas decisiones son trascendentales para el futuro de la Nación en el corto plazo, deben surgir del concurso de las fuerzas vivas, del diálogo y el consenso, para llegar a un acuerdo sobre los cimientos macroeconómicos y la política fiscal que más conviene a los ciudadanos.

Todas las posibilidades deben estar sobre la mesa. Estamos ante una oportunidad única e irrepetible para que se tomen decisiones difíciles pero necesarias, un equilibrio entre la calidad del gasto público y la necesaria reactivación económica. No apostemos a la austeridad, mejor promovamos un nuevo paradigma de desarrollo económico basado en la protección social y la calidad de los servicios públicos.