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Puntos de vista martes, 20 de abril de 2021

PEREGRINANDO A CAMPO TRAVIESA

Primero ardieron las fincas, luego firmaron documentos incendiarios

  • Primero ardieron las fincas, luego firmaron documentos incendiarios
Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.
mmaza@pucmm.edu.do

 Las masas pa­risinas le hi­cieron com­prender a Luis XVI que el proceso se le escapaba de las manos. Pretendió aga­rrar las riendas despidiendo al popular encargado de la hacienda, Necker y reunien­do tropas leales. Delegados, guardia nacional y pobla­ción respondieron toman­do la Bastilla, el 14 de julio. El 16 julio tuvo que volver a llamar a Necker, ahora ten­dría el título de “Primer Mi­nistro de Finanzas. Hoy en día sabemos que Luis XVI ju­gaba a dos cabezas: su her­mano el Conde Artois y su familia se exiliaron en Sabo­ya el 17 de julio y ese mismo día, Luis XVI aprobaba la or­ganización de la Comuna de París y la Guardia Nacional, que mandaría el Marqués de Lafayette, veterano de la revolución americana con­tra Inglaterra. Luis XVI espe­raba que el Conde de Artois hablaría fuera de Francia por la familia real. Necker infun­diría sensatez en sus simpati­zantes revolucionarios.

Todavía hoy se discute qué causó el llamado Gran Miedo (la grande peur) en amplias zonas rurales fran­cesas. El aire estaba lleno de rumores de tropas, ban­das de criminales a sueldo de los señores para reprimir a los exaltados campesinos. Pronto el aire olía a humo. Ardieron fincas, haciendas y establecimientos donde se guardaban los registros de las deudas de los campesi­nos. De noche los incendios iluminaban la oscuridad y ensombrecían los ánimos. Ardieron los archivos feuda­les en las plazas de los pue­blos (McPhee, 2002: 72).

El 4 de agosto de 1789, durante “el gran pánico” el arzobispo de París entregó todos los derechos del clero a la generosa nación fran­cesa (Rogier y otros, 1984, Nueva Historia de la Iglesia, IV 156). Entre el 4 y el 11 de agosto, la Asamblea abolió los restos del feudalismo y muchos privilegios especia­les de la nobleza. También se suprimieron, sin indemniza­ción, los diezmos debidos a las parroquias y entidades católicas rurales. Se ha di­cho que “para salvar la pro­piedad burguesa había que liquidar la propiedad feu­dal”.

Convencidos de que por sus bocas hablaban la razón y la naturaleza, los diputa­dos se dirigieron a la huma­nidad entera aprobando el 26 de agosto, 1789, la De­claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Primero, en los campos ar­dieron los registros feudales. En adelante, la Declaración incendiaría sociedades ente­ras.