Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Hoy 25 de no­viembre y ca­da año se con­memora el Día Internacional de la Eliminación de la Violen­cia contra la Mujer, en honor a las heroínas dominicanas Pa­tria, Minerva y María Teresa Mirabal, por disposición de la Resolución No. 54/134, de fe­cha 17 de diciembre de 1999, de la Organización de las Na­ciones Unidas (ONU).

Once años después, la ONU mediante resolución No. 64/289, de fecha 2 de julio de 2010, creó una enti­dad denominada ONU Mu­jeres, “dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mu­jeres”. En cada conmemora­ción, ONU Mujeres asume un tema o slogan como llamado de atención. En esta ocasión, “Soy de la Generación Igual­dad: Por los derechos de las mujeres”.

Siempre he estado preocu­pado por los niveles de vio­lencia y desigualdades que padecen las mujeres. Por eso, desde mi posición como legis­lador, representante de la pro­vincia San Juan, iniciamos el 26 de octubre del año 2011 un debate con una amplia re­presentación de instituciones públicas y de la sociedad ci­vil, que trabajan directamen­te con la atención a mujeres víctimas de violencia. A saber: la Procuraduría General de la República y su dependencia de Asuntos de la Mujer, Mi­nisterio de la Mujer, Comisio­nado de Apoyo a la Reforma de la Justicia, Profamilia, Co­lectivo Mujeres y Salud, Foro de Feministas de la Repúbli­ca Dominicana y asesores del poder ejecutivo en materia de género. Con más de 240 horas de trabajo presencial, finalmente presentamos an­te el Senado el 25 de julio de 2012, el “Proyecto de Ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, San­ción y Erradicación de la Vio­lencia contra las Mujeres”.

La propuesta se fundamen­ta en los principios de acceso a la justicia, celeridad, gratui­dad, favorabilidad en benefi­cio de la víctima, supremacía de la Constitución y los trata­dos internacionales, transpa­rencia y publicidad.

El objeto principal de esta propuesta de ley es el estable­cimiento y regulación de las políticas públicas sobre vio­lencia contra las mujeres en razón de su género, definien­do las medidas y responsa­bilidades en materia de pre­vención, detección, atención integral y sanción.

Se establece la responsabi­lidad del Estado, como garan­te de los acuerdos, convencio­nes y tratados internacionales asumidos por la República Dominicana en materia de género, los cuales forman par­te del Bloque de Constitucio­nalidad. De igual forma, se establece la responsabilidad de los servidores públicos por las acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, al momento de enfrentar una situación de violencia contra una mujer, conforme lo dispo­ne el artículo 148 de la Cons­titución.

Asimismo, se instaura la responsabilidad de la socie­dad en general, establecien­do el deber de cada ciudada­no de tomar parte activa en la prevención y erradicación de este fenómeno, notificando a las autoridades competentes situaciones de violencia y par­ticipando de forma activa en los programas de ayuda di­recta a las víctimas de violen­cia. En la propuesta de ley se presenta un enfoque más allá de las víctimas, pues se inte­gran programas de rehabilita­ción y reeducación de agreso­res, que permitan cambiar los patrones de conducta que ge­neran violencia.

Un aspecto de suma im­portancia contemplado en la propuesta en materia de pre­vención y articulación de po­líticas públicas, es el manejo único, consolidado y cientí­fico de las estadísticas sobre violencia de género, así como sus efectos y consecuencias, con la creación del Observa­torio de Violencia y Discrimi­nación contra la Mujer, con la colaboración de la Oficina Na­cional de Estadísticas (ONE).

El proyecto comprende va­rias modalidades y tipos de violencia que acoge las últi­mas tendencias en la materia. Como punto neurálgico del proyecto se encuentra la tipi­ficación del Feminicidio, in­troduciendo por primera vez en el ordenamiento penal do­minicano, una norma de ca­rácter género-específica que rompe con la neutralidad ca­racterística del derecho penal.

El senado ha cumplido con su responsabilidad. Esta ini­ciativa se ha aprobado en seis ocasiones entre los años 2012 y 2019 en el senado y ha pe­rimido en seis ocasiones en la Cámara de Diputados. No es una ley perfecta. Es la ley po­sible, a la cual pueden intro­ducirse siempre mejoras para hacerla más coherente y efec­tiva.

La mejor forma de con­tribuir con el slogan de ONU Mujeres, es creando las con­diciones jurídicas para la crea­ción de un sistema integral que pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar la vio­lencia contra las mujeres en República Dominicana.

Combatir la violencia con­tra las mujeres requiere de cambio de actitudes. Es ne­cesario prestar atención a la exclusión económica, social y política, que son las princi­pales causas de la violencia y la discriminación. Las muje­res son y serán el centro y el equilibrio de la familia. Si las protegemos y cuidamos, ten­dremos una sociedad más igualitaria, equilibrada y ar­mónica.