La visita del presidente a Barahona

La visita el pa­sado lunes del presidente Luis Abinader a Ba­rahona, fue constructiva, oportuna y necesaria. Desde el inicio de su administración, el je­fe del Estado emprendió ca­mino hacia el suroeste que es la parte de nuestro terri­torio más pobre, falta de oportunidades y desarro­llo. El Primer Mandatario dejó iniciado los trabajos de remodelación y amplia­ción del puerto de Baraho­na para su transformación en esclusa Multi-Funcional, infraestructura portuaria llamada a convertirse en un estratégico punto en el mar Caribe para carga, trans­bordo de mercancías y vigi­lancia marítima a las orga­nizaciones criminales y de narcotráfico que circundan en el Caribe Sur. En su to­ma de posesión, Abinader fijó su mirada al suroeste, reconociendo el potencial de la costa Barahona-Peder­nales como área de fomen­to comercial de un turismo de playa, montañas y ríos, combinando la diversidad y la protección del medio am­biente. El anuncio del desa­rrollo de Bahía de las Águi­las fue una de sus primeras decisiones como jefe del Es­tado y que marca un des­pegue hacia un mejor des­tino y progreso económico de esa zona reconocida co­mo la Costa Sur dominica­na. Pidió también acelerar la Presa Monte Grande. No pasó por alto el mandata­rio la grave situación de las usurpaciones e invasiones de terrenos privados por parte de bandas que operan al margen de la ley sin que sean detenidos o encarcela­dos. Sin embargo, la pren­sa capitalina hizo mutis de sus importantes declaracio­nes sobre esta problemáti­ca. Dijo el gobernante que instruiría al jefe de la Poli­cía y otros mandos milita­res, para poner fin a dichas ocupaciones que afectan no solo la potencialidad turís­tica, sino también el desa­rrollo de la economía agro­pecuaria y otras actividades productivas. La semana pa­sada, el máximo dirigen­te de la Asociación de Co­merciantes e Industriales de Santiago (ACIS) Sandy Filpo, instó al Congreso Na­cional a reformar el Código Procesal Penal para castigar severamente las invasiones de terrenos y erradicar esas prácticas criminales que afectan el clima de inver­sión y el derecho de propie­dad privada.