Apuntes sobre una observación presidencial al Código Penal 2014

En noviembre de 2014, luego de analizar la ley contentiva del Código Penal que le había remitido la Cáma­ra de Diputados para los fines constitucionales, el presiden­te Danilo Medina tomó la de­cisión de observar los artícu­los relativos a la interrupción del embarazo, por entender que, en supuestos muy con­cretos, la penalización de la mujer es una afrenta a la dig­nidad humana, que confor­me dispone el artículo 38 de la Constitución, por constituir el fundamento del Estado “es sa­grada, innata e inviolable; su respeto y protección constitu­yen una responsabilidad esen­cial de los poderes públicos”.

Un mes después de la obser­vación presidencial, y ante el estancamiento del tema en el Congreso Nacional, se produjo un acercamiento entre miem­bros de la jerarquía eclesiástica y el Poder Ejecutivo, con el pro­pósito de solucionar el tema antes de la llegada de la navi­dad. En esa coyuntura se pro­dujo una reunión de muy alto nivel, en la que resulté comi­sionado por el presidente Me­dina para, junto al presidente de la Conferencia del Episco­pado Dominicano y otros obis­pos que conformaban una es­pecie de Comité Ejecutivo de la Conferencia, buscar una alter­nativa que viabilizara la apro­bación del Código Penal.

Para cumplir tal encar­go, me trasladé a la sede de la Conferencia en la aveni­da Rómulo Betancourt, sien­do recibido de inmediato por los obispos. Tras varias horas de conversación, convinimos una propuesta alternativa pa­ra destrabar la situación, que comprendía una solución en cuanto al aborto terapéutico, y una salida “salomónica” pa­ra los otros dos supuestos de no imputabilidad penal en materia de interrupción del embarazo contenidos en la observación presidencial.

En cuanto al aborto tera­péutico no hubo mayor dificul­tad, al combinar la petición de los obispos de que los médicos hicieran el mayor esfuerzo pa­ra salvar las dos vidas, con el agregado sugerido por el presi­dente Medina de que ello sea así “hasta donde sea posible”.

Ante la imposibilidad de lo­grar un acuerdo en los supues­tos de no punibilidad cuando la interrupción del embarazo se produjese en caso de violación, incesto o el originado en malfor­maciones del embrión incompa­tible con la vida, la negociación Estado-Iglesia en curso fue sal­vada a través de una formula­ción particular. Ese texto, poco ortodoxo con la técnica penal, que sujetaría la no imputabili­dad a protocolos que serían esta­blecidos en una ley especial, fue redactado por el autor de este artículo en la computadora ubi­cada en el despacho del enton­ces presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Con ese texto en manos, me trasladé al Palacio Nacional para informar al presidente Medina de la “fumata blanca”. El man­datario de inmediato me encar­gó visitar al expresidente Leonel Fernández para ponerlo al co­rriente de la negociación, ya que —en su condición de presiden­te del partido de gobierno— le correspondía transmitir la línea partidaria a los legisladores pe­ledeístas.

Expliqué al expresidente Fer­nández, en su despacho de Fun­glode, el acuerdo alcanzado con representantes de la jerarquía católica. Fernández me mostró extrañeza, ya que, apenas unos días atrás, representantes ecle­siásticos que le habían visitado expresaron su rechazo a la ob­servación presidencial.

Ya en plena conversación con el expresidente Fernán­dez, se sumaron a la reunión Abel Martínez, entonces pre­sidente de la Cámara de Dipu­tados, y el vocero peledeísta en esa Cámara, Rubén Maldona­do. Martínez también se mos­tró sorprendido de la negocia­ción con jerarcas eclesiásticos, revelando que, con la colabo­ración de Monseñor De La Ro­sa y Carpio y líderes feministas, había elaborado un texto que permitiría a los jueces pena­les, en los supuestos de las tres causales, acoger circunstancias atenuantes, de modo que las sentencias que dictasen no im­plicarían penas restrictivas de libertad.

Ante esta nueva situación, el presidente Medina y el expresi­dente Fernández conversaron telefónicamente en presencia de Martínez, Maldonado y este ar­ticulista, quienes a continuación nos trasladamos al despacho presidencial.

Una vez reunidos con el pre­sidente Medina, el Jefe del Esta­do solicitó a Martínez que leye­ra el texto que el expresidente Fernández había comentado por vía telefónica, luego de lo cual me preguntó la razón de mí no conformidad. Respondí que mi intervención en este tema era de carácter técnico, y que la propuesta de circunstancias ate­nuantes era contraria a la obser­vación presidencial de no pu­nibilidad en los tres supuestos excepcionales de interrupción del embarazo.

El presidente Medina tenía compromisos fuera de Palacio, y nos dejó en su despacho con la encomienda al presidente de la Cámara de Diputados de que in­formara a los monseñores Nica­nor Peña y Benito Ángeles que el texto que proponía el legislador gozaba de su no objeción, si con ello se alcanzaba una solución a la situación. Al final, los obispos reiteraron su conformidad con el texto que fue acordado, a lo lar­go del día, con el autor de este ar­tículo.

Ya eran casi las nueve de la noche de un largo día. Al regre­sar a mi casa, por coincidencia, al entrar al ascensor me encontré con el expresidente Fernández (quien esa noche tenía una cena en el apartamento de Franklin Ligthgow hijo). Aproveché el momento para informarle el re­sultado de la reunión y la nega­tiva de la representación de los obispos de aceptar el texto suge­rido por Abel Martínez, dicién­dome: “Olivo, parece que los tiempos están cambiando en la Iglesia”.

Al día siguiente, la Cámara de Diputados acogió la obser­vación, incorporando el texto convenido con representantes de la jerarquía católica, siendo promulgado el Código Penal el 19 de diciembre de 2020, y posteriormente declarado in­constitucional por vicio de pro­cedimiento.

Ahora que nuevamente re­surge el tema, casi en los mis­mos términos que dieron lu­gar a la solución “salomónica” de 2014, vienen a mi memoria las líneas finales de la carta de renuncia que como embajador ante el Reino de España le diri­gí al presidente Medina en julio de este año, en la que le expre­saba que nuestra sociedad, en este tema, de igual modo que con la cuestión migratoria y los derechos de la comunidad LG­BT, tiene como tarea pendiente desatar el entrampamiento en que se encuentra sometida con los condicionamientos religio­sos, así como con el chantaje de pequeños grupos de nuestra colectividad que hacen de la di­visión, el odio, la cizaña, la dis­criminación y la xenofobia su modo de presencia activa en la vida pública.