Justicia es sopa fría

La prisa no es la mejor consejera cuando se tiene autoridad para decidir sobre la vida, libertad, bienes y re­putación de las personas. La rabia popular o mediáti­ca no puede marcar la velo­cidad del ministerio público para la persecución de he­chos punibles.

Y muchos menos cuan­do se trate de la investi­gación y persecución de corrupción en la adminis­tración pública, con há­biles exfuncionarios con mil formas de escamotear la documentación de los hechos que permitan su validación en los tribu­nales y que han amasado recursos millonarios pa­ra procurarse la mejor de­fensa jurídica.

Peor que la corrupción es fallar en su efectiva per­secución y sanción por atender a los tiempos de la justa indignación ciu­dadana por el robo al era­rio. Luego, similar o mayor enojo se vuelve contra el persecutor.

Es fundamental liqui­dar la vieja práctica del oportunismo político de un enorme ruido inicial, con expedientes malicio­samente mal estructura­dos, saciar el circo y ree­ditar posteriormente las mismas o peores acciones de latrocinio. Es rica la his­toria reciente en este tipo de casos.

Además, no es lo mis­mo la sustitución de un gobierno de cuatro años, que sólidas estructuras co­rrompidas labradas duran­te varios cuatrienios. En particular el último perío­do que causó gravísimos daños institucionales. El ministerio público frenó la persecución de la co­rrupción, y en casos como Odebrecht, obligado a ac­tuar ante la confesión de la compañía, manejó po­líticamente el expediente con la dirección del Pala­cio Nacional.

Los funcionarios del go­bierno de Luis Abinader, al margen de que denuncien ante los medios de comu­nicación irregularidades administrativas de las an­teriores autoridades, es­tán obligados a documen­tarlas ante de ser enviadas al ministerio público. Eso manda una seria persecu­ción de la corrupción. Lo otro es bulto o complici­dad con los corruptos.

Abinader envió un cla­ro e importante mensaje, ordenando a la Contralo­ría realizar investigaciones administrativas, mientras varios funcionarios han solicitado auditorías a la Cámara de Cuentas, cu­yo mandato finaliza y que registra un serio déficit de credibilidad. No pueden saltarse los mandatos le­gales, previo a ir a la Pro­curaduría General de la República. El “estado po­licial” es cosa del pasado, o para mayor apego a la realidad, tiende a desapa­recer.

El país no soportaría otro fracaso en la lucha contra la corrupción, lo que entronizaría definiti­vamente la impunidad en el país, con el completo envilecimiento de la socie­dad dominicana. Sería ab­soluta frustración y deses­peranza.

La Procuradora General de la República, Miriam Germán hace lo correc­to al preparar y fortalecer su equipo de apoyo téc­nico y legal, previo a em­prender la investigación y persecución de denuncia­dos hechos de corrupción y de asumir varios casos que manejaba la Fiscalía del Distrito Nacional. Ade­más, busca documentos que maliciosamente se in­tentaron desaparecer.

Germán, exjueza supre­ma ha realizado reestruc­turaciones y buscado a quienes entiende los mejo­res hombres y mujeres pa­ra la delicada tarea, a sa­biendas de que no puede fracasar por fallas morales o técnicas de sus colabora­dores.

La funcionaria ha di­cho que no va a perseguir a nadie en particular y en cuanto a los actores ju­diciales ha dicho que los jueces no pueden suplir las deficiencias de los fis­cales. Lo planteó en el ca­so Odebrecht, como presi­denta de la Cámara Penal, lo que trituró la engañifa de perversas inclusiones y políticas exclusiones mon­tada por el entonces je­fe del ministerio público Jean Alain Rodríguez. Es­to provocó una campaña de difamación en su con­tra desde el mismo Conse­jo Nacional de la Magistra­tura de parte de Rodríguez y avalada por el presiden­te Danilo Medina.

La prisa, daña. Es justi­cia; no linchamientos. La justicia es también sopa que se sirve fría. “No os desesperéis”.