CONTROVERSIA
Caso del asfalto llega a PGR
El sonado caso de los 11,500 millones de pesos en hormigón asfáltico denunciado originalmente por la distinguida periodista Alicia Ortega llegó por fin a la Procuraduría General de la República, llevado por el Director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, y Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Pública.
Dado este paso, que ha sido jurídicamente el correcto, el Estado está obligado a designar en breve abogados que lo representen constituyéndose en actor civil. En este sentido es importante resaltar que el Estado en este caso no es un simple denunciante cómo sería un particular, sino además, la víctima afectada por un fraude que debe reclamar indemnizaciones y recuperar los dineros que irregularmente fueron pagados.
El caso en cuestión lega a la PGR con un ilícito penal comprobado de entrada, como es la violación a la Ley 340, que fuera confirmada, tanto por la anterior directora de Compra y Contrataciones, Yocasta Guzmán, como por la presente administración.
Igualmente, la mayor parte de los pagos millonarios de estas contrataciones ilegales fueron realizados en catorce días durante la transición, sin haber pasado por la Contraloría ni por la Tesorería Nacional, hecho gravísimo denunciado por el director de Presupuesto, lo que constituye otro ilícito penal. Esto sin entrar en las investigaciones sobre los testaferros, sobrevaluaciones y otra serie de irregularidades que se produjeron en dichas asignaciones de grado a grado.
Hay que recordar, como ironía del destino, que este expediente del asfalto fue uno de los instrumentos esenciales usado por el Palacio Nacional de entonces para obtener financiamiento de miles de millones de pesos con el objetivo de despojar al Doctor Leonel Fernández de la candidatura presidencial en las primarias abiertas del 6 de octubre del 2019. Un verdadero búmeran que hoy amenaza con llevar a la cárcel los sus perpetradores.
Según ha transcendido el exministro de Obras Públicas ha exigido al Comité Político del PLD y a Danilo Medina asumir su defensa en este caso del asfalto, ya que según su versión, lo que él hizo fue cumplir con órdenes superiores.
Una de las posibilidades de este caso del asfalto es que alguno de sus principales acusados pueda cooperar con el Ministerio Público diciendo la verdad de todo lo ocurrido, lo que jurídicamente procedería conforme a nuestro ordenamiento procesal penal.
El país está muy atento a este primer gran proceso penal con la fe de que el Ministerio Público hará su trabajo investigativo con responsabilidad y firmeza, sin incurrir en arbitrariedades