Hora de rescatar la credibilidad
En un comentario reciente de un programa radial se decía que un ciudadano que inspire demasiada independencia no es viable como candidato con reales posibilidades para un puesto de decisión e influencia en el aparato del Estado dominicano. Aquella frase parecía confirmar que en la cultura política dominicana está arraigada la convicción de que si no hay una parcela por representar, llegar a puestos de importancia es un mero sueño.
La historia demuestra que los intereses capitales y políticos confluyen para, al menos, influenciar en decisiones de puestos, personas y políticas públicas de un determinado país, en particular de los nuestros, con esa suerte de estado partenalista todopoderoso de amplio impacto económico y social, manejado por unos pocos.
Dicha tradición ha tenido que comenzar a convivir con una sociedad dominicana mucho más formada y exigente, hija de un tiempo de estabilidad democrática e institucional que surgió a partir de la crisis electoral de 1994, la cual acortó el período del presidente Joaquín Balaguer a dos años e inauguró lo que hasta la fecha ha sido una línea estable, no exenta de debilidades y retrocesos, pero que sí ha posibilitado 24 años de elecciones libres, alternancia en el poder y crecimiento económico.
Todo bien hasta la mañana del 16 de febrero del 2020. Las tensiones comenzaron a sentirse al filo de la medianoche del sábado 15, cuando se denunciaron las primeras fallas del sistema de voto automatizado que no ofrecía la posibilidad de votar por candidatos del Partido Revolucionario Moderno o de Fuerza del Pueblo. Como una bola de nieve, el escándalo fue tal que obligó a la Junta Central Electoral a cancelar la jornada que quedaba y a posponer las elecciones en una fecha por determinar.
Luego, el 15 de marzo, se dieron las elecciones extraordinarias, un día sin sobresaltos, ante lo cual algunos incluso se atrevieron a decir que la democracia había sido “salvada”. Sin embargo, el daño a la credibilidad de la JCE y a su legitimidad como árbitro había calado profundo en la psiquis de la sociedad dominicana, cuyas protestas y cacerolazos reclamando poder ejercer su voto y que este se contabilizara, fue el síntoma más importante del peligroso retroceso de la legitimidad de las instituciones en la República Dominicana.
Esto se ha intentado resarcir, de entrada en el discurso y en las formas, a partir del 5 de julio con la victoria del PRM. El nombramiento de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República fue un poderoso mensaje al necesario rescate de la credibilidad y de la legitimidad de la justicia. No obstante, si lo anterior se queda solo en la forma, la espiral negativa de la legitimidad podría ser de no retorno, pues no hay nada más peligroso que una ciudadanía que no crea en sus instituciones, ya que más temprano que tarde le terminará por perder el respeto.
Parecería entonces que la independencia y la credibilidad de actores clave ya no son una carga, sino un necesario activo, la garantía del comienzo de la recuperación de la lacerada legitimidad de las instituciones del Estado.