Matrimonio infantil y uniones tempranas

El Fondo de las Na­ciones Unidas para la Infancia (UNICEF) esti­ma que en Amé­rica Latina y El Caribe el 23% de las niñas y adolescentes se unieron con una pareja antes de cumplir los 18 años y que 5% de las niñas y adolescen­tes se unieron antes de cum­plir los 15 años. El país de la región que ostenta el por­centaje más alto es, lamen­tablemente, la República do­minicana. Factores legales, sociales y culturales inciden en esta lastimosa realidad. Tenemos una legislación per­misiva, las mujeres más po­bres tienen menor acceso a oportunidades de formación y desarrollo, hay niveles edu­cativos más bajos, pobreza, violencia intrafamiliar y, claro está, la desigualdad de géne­ro que permea todos nuestros estratos sociales.

El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una condena para nuestras niñas y adolescentes, una sentencia que no admite libertad condi­cional. Las víctimas, porque así bien podemos llamarlas, tendrán menos acceso a estu­dios e ingresos, son más pro­pensas a un embarazo a des­tiempo, están más expuestas al abuso físico o sexual y a la violencia de género, en mu­chos casos son abandonadas por sus parejas y, debido a su falta de educación, se ven for­zadas a la prostitución o ex­puestas al crimen organizado.

Los hijos fruto del matri­monio infantil y las uniones tempranas también son vícti­mas de este flagelo. Los recién nacidos tendrán mayores pro­blemas de salud, experimen­tarán un menor desarrollo cognitivo y el padre se nega­rá muchas veces a declararlo su hijo. Las secuelas son múl­tiples y, muchas veces, no tie­nen solución.

Si los legisladores de nues­tro país se lo proponen, con tan solo eliminar el matrimo­nio infantil, estarían aportan­do grandemente a una me­jor República Dominicana, con un impacto enorme en los ODS que plantean el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igual­dad de género, trabajo decen­te y crecimiento económico, reducción de las desigualda­des y paz, justicia e institu­ciones sólidas. En el pasado, nuestros legisladores no han tenido suficiente valentía pa­ra enfrentar este flagelo. Oja­lá que el actual Congreso Na­cional asuma esta lucha por todas las niñas y adolescen­tes dominicanas que se me­recen disfrutar de las activi­dades que le corresponden a su edad, en vez de tener niñas cuidando niños.

El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una práctica que ya no debe ser común en nuestros cam­pos y ciudades, debemos de­jar de asumirlo como parte de las normas sociales acep­tadas. Todo lo contrario, debe convertirse en un problema que cada comunidad esté dis­puesta a enfrentar, obligando a los hombres adultos a asu­mir la responsabilidad que les corresponde, que no es más que evitar cualquier inter­cambio o contacto con meno­res de edad, aún sea aceptado o supervisado por sus padres.

La sociedad tiene que de­nunciar este flagelo en todas sus formas, denunciar al aco­sador, al padre que vende o la madre que negocia una unión temprana para su hija. La au­toridad tiene que actuar en consecuencia, pero para ello, necesita una ley que le respal­de. Es hora de que nuestros legisladores pongan fin al ma­trimonio infantil y las unio­nes tempranas y nos ahorren la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional, aun­que a falta de la primera, gra­cias a Dios, nos quedará la se­gunda.