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COLABORACIÓN

Normalizar la transición

La batalla elec­toral vivida en República Do­minicana para elegir al sépti­mo presidente de la cuar­ta República (1966- ac­tual) se ha desarrollado en un contexto inusual, que ha hecho de este pro­ceso y de este año, uno que difícilmente olvida­remos. En medio de una pandemia y la suspensión de las elecciones munici­pales de febrero que a su vez provocaron el aplaza­miento de las presidencia­les, mantuvo a los domini­canos en una agonía que se prolonga, como si ya no fuera suficiente, al perío­do de transición guberna­mental que viene cargado de incertidumbre en los actores del sistema políti­co y el pueblo.

El hecho de que en los últimos cuatro períodos constitucionales que su­man 16 años, la transi­ción haya ocurrido en un mismo partido, no nos ha­cia sentir – a esta genera­ción-de forma tan inten­sa el traspaso de mando y con ello la necesidad de institucionalizar la transi­ción gubernamental, para de esta forma normalizar este proceso ordinario que ocurre cada cuatro años y así, regularlo para garan­tizar la continuidad de las funciones del Estado y los servicios públicos.

Normalizar la tran­sición gubernamental es lograr que los acto­res puedan entender que proclamado el presien­te electo, la agenda debe cambiar; es pasar página para movernos del ataque y lenguaje ofensivo (si es­te fue el tono de la cam­paña) a uno colaborativo; entender que en la admi­nistración pública convi­ven puestos de carrera y de confianza, siendo es­te último totalmente vul­nerable ante cambio de gobierno; es detener la incertidumbre de las can­celaciones masivas que desestabilizan la admi­nistración pública; es pa­sar del uso y costumbre, a una transición regulada, estandarizada que no que­de al criterio de quien sale o de quien entra.

Estados Unidos, por ejemplo, tiene regulada la transición presidencial por el Presidential Tran­sition Act de 1963, refor­mada en 1998 y 2000, ac­tivándolo el pasado 27 de abril con el envío de un memorandum para los jefes de departamentos y agencias ejecutivas, a propósito de que este año también celebran eleccio­nes presidenciales. Es de­cir, desde ya se activa una organización que nace con este periodo y se ex­tiende hasta que el nuevo presidente asume, que in­cluso tiene su presupues­to.

En latinoamérica la ex­periencia ha sido mas di­versa y en muchos casos menos organizada, sin embargo me atrevería a decir que hay un conside­ración común de que este proceso debe instituciona­lizarse. En Argentina, por ejemplo, se sometió un proyecto de ley en 2018 para regular la transicion presidencial para garan­tizar que sea ordenada y transparente.

En República Dominica­na la transición presiden­cial se lleva a cabo por uso y costumbre. No se cuen­ta con marco legal sobre cómo debe hacerse este proceso para garantizar un clima de colaboración, transparente, mas allá del criterio de las autoridades salientes o las entrantes, en cuanto a conformación de comisiones, informa­ción estratégica clave para la continuidad del Estado y sus servicios, entre otros aspectos de relevancia en este periodo.

Aciertos de esta transi­ción. En apenas tres días ya contábamos con las co­misiones de transición de las autoridades salientes y las entrantes, así como un simbólico encuentro entre los presidentes reflejando convivencia democrática.

A pesar de las buenas prácticas asumidas en esta transición por el gobierno y las autoridades electas, la mentalidad imperan­te en torno a la llegada al poder por un partido di­ferente al que lo posee, es de barrido en la admi­nistración pública, expec­tativa de quienes resulten vencedores en procesos electorales; y miedo, in­certidumbre y desespe­ranza para quienes se con­sideran cancelados antes de asumir el nuevo go­bierno.

Institucionalizar la tran­sición. Ese es el reto. Re­gular este proceso a través de una ley para hacer de él uno ordenado, transpa­rente, que garantice equi­librio de cooperación en­tre los actores y que no quede al criterio y volun­tad de alguien que va de paso, porque por encima los gobiernos está el Esta­do y su continuidad para beneficio de las personas.

El autor es especialista en comunicación pública y política.

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