COLABORACIÓN
Normalizar la transición
La batalla electoral vivida en República Dominicana para elegir al séptimo presidente de la cuarta República (1966- actual) se ha desarrollado en un contexto inusual, que ha hecho de este proceso y de este año, uno que difícilmente olvidaremos. En medio de una pandemia y la suspensión de las elecciones municipales de febrero que a su vez provocaron el aplazamiento de las presidenciales, mantuvo a los dominicanos en una agonía que se prolonga, como si ya no fuera suficiente, al período de transición gubernamental que viene cargado de incertidumbre en los actores del sistema político y el pueblo.
El hecho de que en los últimos cuatro períodos constitucionales que suman 16 años, la transición haya ocurrido en un mismo partido, no nos hacia sentir – a esta generación-de forma tan intensa el traspaso de mando y con ello la necesidad de institucionalizar la transición gubernamental, para de esta forma normalizar este proceso ordinario que ocurre cada cuatro años y así, regularlo para garantizar la continuidad de las funciones del Estado y los servicios públicos.
Normalizar la transición gubernamental es lograr que los actores puedan entender que proclamado el presiente electo, la agenda debe cambiar; es pasar página para movernos del ataque y lenguaje ofensivo (si este fue el tono de la campaña) a uno colaborativo; entender que en la administración pública conviven puestos de carrera y de confianza, siendo este último totalmente vulnerable ante cambio de gobierno; es detener la incertidumbre de las cancelaciones masivas que desestabilizan la administración pública; es pasar del uso y costumbre, a una transición regulada, estandarizada que no quede al criterio de quien sale o de quien entra.
Estados Unidos, por ejemplo, tiene regulada la transición presidencial por el Presidential Transition Act de 1963, reformada en 1998 y 2000, activándolo el pasado 27 de abril con el envío de un memorandum para los jefes de departamentos y agencias ejecutivas, a propósito de que este año también celebran elecciones presidenciales. Es decir, desde ya se activa una organización que nace con este periodo y se extiende hasta que el nuevo presidente asume, que incluso tiene su presupuesto.
En latinoamérica la experiencia ha sido mas diversa y en muchos casos menos organizada, sin embargo me atrevería a decir que hay un consideración común de que este proceso debe institucionalizarse. En Argentina, por ejemplo, se sometió un proyecto de ley en 2018 para regular la transicion presidencial para garantizar que sea ordenada y transparente.
En República Dominicana la transición presidencial se lleva a cabo por uso y costumbre. No se cuenta con marco legal sobre cómo debe hacerse este proceso para garantizar un clima de colaboración, transparente, mas allá del criterio de las autoridades salientes o las entrantes, en cuanto a conformación de comisiones, información estratégica clave para la continuidad del Estado y sus servicios, entre otros aspectos de relevancia en este periodo.
Aciertos de esta transición. En apenas tres días ya contábamos con las comisiones de transición de las autoridades salientes y las entrantes, así como un simbólico encuentro entre los presidentes reflejando convivencia democrática.
A pesar de las buenas prácticas asumidas en esta transición por el gobierno y las autoridades electas, la mentalidad imperante en torno a la llegada al poder por un partido diferente al que lo posee, es de barrido en la administración pública, expectativa de quienes resulten vencedores en procesos electorales; y miedo, incertidumbre y desesperanza para quienes se consideran cancelados antes de asumir el nuevo gobierno.
Institucionalizar la transición. Ese es el reto. Regular este proceso a través de una ley para hacer de él uno ordenado, transparente, que garantice equilibrio de cooperación entre los actores y que no quede al criterio y voluntad de alguien que va de paso, porque por encima los gobiernos está el Estado y su continuidad para beneficio de las personas.
El autor es especialista en comunicación pública y política.