EN ESPECIAL
Sí, seguiré…
Difícil la convivencia social y política si la mayoría ignora el pacto magno. El caso es más grave cuando se trata de actores de poder.
Los presidentes juran respetar y hacer respetar la Constitución, pero al primer decreto la hacen trizas. En ocasiones al hacer el anuncio de una futura designación olvidan la norma sustantiva.
En muchos casos hay ignorancia; en otros olímpico desprecio a sujetarse a reglas mayores, anclados en la tradición presidencialista dominicana.
El policía ve normal “ablandar” y hasta dispararle al “reconocido delincuente”; el fiscal no le reconoce derechos porque es “reincidente”, aunque no haya recibido condena en firme y el juez no se atreve a resarcir el daño porque al igual que el acusador entienden que “el código es muy garantista” (“y des pués la prensas habla”), olvidando que las protecciones reposan en la Constitución.
Los periodistas con descomunal desconocimiento practicamos la (in) justicia mediática, regularmente condenando a priori al investigado o acusado y ejerciendo presión sobre fiscales y jueces irresponsables, echando al zafacón la tutela judicial efectiva y debido proceso que establece “el derecho a que se presuma su inocencia y ser tratada como tal”, como consagra la Carta Magna.
“Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución…”. Art. 63.13 de la Constitución.
En 2012, dos años después de proclamada la Constitución, el TC y el Ministerio de Educación firmaron un acuerdo para promover e incorporar en el sistema educativo la enseñanza constitucional, producir un documento en versión escolar y capacitar a los actores del sistema. En 2017 otro pacto para un programa de “Educación Constitucional desde la escuela” a propósito del nuevo currículo que priorizaba la enseñanza por competencias. Poco se ha avanzado pese a los desvelos del magistrado presidente del TC, Milton Ray Guevara.
En 2016 Ray Guevara, que urgía la enseñanza constitucional, advertía: “si nosotros queremos una patria más justa, más humana y más segura, tenemos que vivir en constitución y para vivir en constitución, se necesita conocerla”.
La interesante “Constitución comentada” de Finjus en 2015 aspiraba a una herramienta ciudadana útil para conocer los derechos fundamentales y las obligaciones de los poderes y órganos del Estado.
En la presentación de la primera edición, Adriano Miguel Tejada planteaba que “la Constitución es el fundamento de la legitimidad de los gobernantes” y remataba que “cada artículo de la Constitución debe tener significado para todos los dominicanos, porque cada letra afecta, de una manera u otra, el destino de cada uno de nosotros”. Entonces la Constitución debe, como eje transversal, enseñarse con especial énfasis a periodistas, abogados, fiscales, jueces, políticos y a todos los que aspiren a puestos de elección popular desde la sociedad civil, (Curso especial para usuarios de redes sociales).
¿Cómo es posible que se vote una Constitución en 2010 que establezca como requisito tener derechos políticos para ser ministro (Art. 135), y todavía mantengamos militares en Defensa y se pretenda continuar con esa práctica?
Si la Constitución establece que “para el despacho de los asuntos de gobierno habrá los ministerios que sean creados por ley”, ¿por qué insistir con un “ministerio” Administrativo que no existe, que ninguna legislación lo ha integrado?
El presidente electo, Luis Abinader amenaza con violar la norma como sus dos antecesores, según sus tuits-“decretos”.
No, no es personal. Es la Constitución, estúpido. (Tono de BC)
Sí, seguiré embromando con esto. Séptimo año.