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Puntos de vista sábado, 11 de julio de 2020

UMBRAL

Peso cualitativo partidario

  • Peso cualitativo partidario
Manolo Pichardo
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 Los partidos po­líticos son ins­trumentos de la sociedad en los que se juega una constante lucha por el poder concentrada hacia el Estado. Son articulaciones en las que los individuos en función de los intereses de clases o sectores se organi­zan para incidir en la defi­nición de políticas públicas, y en ese sentido se confor­man con estructuras inter­nas que constituyen centros de pensamiento para la ela­boración de propuestas en­caminadas a diseñar el tipo de sociedad que se ajuste al perfil de la organización.

Así, las organizaciones políticas son un laborato­rio permanente en el que las ideas fluyen al ritmo de la dinámica de la sociedad, marcada por el movimien­to de un complejo tejido que embute en un esquele­to a órganos con funciones específicas y bien definidas en la superestructura de la sociedad para garantizar la cohesión, integridad y bienestar de todos si es un país con modelo democrá­tico.

Los partidos se estructu­ran por departamentos pa­ra responder a la amplia ga­ma de actividades claves que le dan vida a la sociedad y que son reguladas o dirigi­das desde el Estado; por ello, esas estructuras partidarias por lo general, y para que el partido sea eficiente, se co­rresponden con los poderes y órganos establecidos en el organigrama del aparato es­tatal, con lo que se constitu­yen en espacies de réplicas del Estado, por lo menos en lo que concierna a las institu­ciones de mayor peso.

Bajo esa lógica, el colectivo que reúne a los actores para la acción política, debe especia­lizarlos, pues esa acción polí­tica tiene como objetivo la to­ma del poder político para la administración de las institu­ciones del Estado, un propó­sito que debe tener una base ideológica que lleva implícito un interés de orden colectivo, por lo que estas instituciones tienen carácter público aun­que para la membresía se es­tablezcan derechos y deberes, y se definan, además, reglas de juego internas con catego­ría de ley, siempre de acuerdo a las normativas nacionales.

Pero cuando una organi­zación política deja de ser un instrumento al servicio de la colectividad y se convier­te empresa para la acumu­lación originaria de capital, su valor social e intrínseco se pierden, porque el obje­tivo deja de corresponder­se con la naturaleza de ese tipo de entidad, pues resul­ta que aunque su carácter no es propiamente estatal, sus fines son de Estado y, en ese sentido, no importa que la decisión de conformar el partido político sea una ac­ción individual y por lo tan­to de orden privada en razón de que sus decisiones impac­tan en la colectividad.

La desviación de los pro­pósitos colectivos de un partido para ponerlos al servicio de individuos o de grupos específicos, ya sea con fines de lucro o la ob­tención del poder como fin en sí mismo debido a los privilegios que se despren­den de ostentarlo, con­ducen indefectiblemente hacia la pérdida de la auto­ridad moral; no importa el tamaño de la organización, su progresiva erosión la irá conduciendo hacia la in­evitable destrucción, acon­tecimiento que podría pre­cipitarse con un hecho que conmocione a la sociedad y provoque su implosión.