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La lucha del país contra la pande­mia del coronavirus COVID-19 ha sido muy fuerte. Un combate multifactorial, donde, y en adi­ción al elemento inesperado de la enfermedad, las dificultades logísticas, y la escasez de pruebas e insumos, se destaca la poca responsabilidad y sentido cívico de una parte de la población.

El desacato, revestido de irresponsabilidad e ignorancia del pasado domingo en Puerto Pla­ta, con cientos de aglomerados bajo pretexto religioso, así como los más de 50 mil detenidos por violar el toque de queda, son muestras evi­dentes de los lastres que tiene esta lucha que al corte nos ha producido 282 muertes y seis mil 293 infectados. De ahí lo necesario de extender por otros 25 días el estado de emergencia como ha solicitado al Congreso el Poder Ejecutivo a los fines de dar mejor aplicación y mayor seguimiento a las disposiciones para enfrentar la pandemia, que sin lugar a dudas requieren ser mantenidas.

La situación que vive el país no debe ser uti­lizada para efectuar ajustes de cuentas legisla­tivos como algunos congresistas pretenden. Y es que si con las desventajas de comportamien­to social que tenemos, bajamos la guardia en lo que hemos venido haciendo para combatir el contagio y la propagación del COVID-19, corre­mos el riesgo de volver hacia atrás y todo el es­fuerzo, tiempo, vidas y recursos, habrá sido en vano. De ahí la importancia en que los diputados acojan lo ya aprobado por el Senado de la Repú­blica y ratifiquen prorrogar la resolución congre­sual 62-20 que autorizó el estado de excepción dispuesto mediante el decreto 134-20. Las estadís­ticas, debidamente documentadas en términos sa­nitarios, están ahí. Esto es un asunto de responsa­bilidad nacional.

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