EN ESPECIAL
Elecciones en transición
La realización de elecciones presidenciales y congresuales en el período que constitucionalmente corresponde a la transición es un tema complejo.
La situación se agrava por el aumento del luto y los contagios ante la aceleración de las pruebas a sospechosos de ser portadores del virus, la tremenda incertidumbre económica y los impactos en la salud mental de los ciudadanos, sin fecha cierta para la vuelta a la normalidad.
Además, los comicios , previstos para el 5 de julio y una eventual segunda vuelta el 26 del mismo mes, se realizarían en un ambiente de total desconfianza entre los actores partidarios y debilitada credibilidad de la Junta Central Electoral.
La “suspensión” (anulación) de las elecciones municipales de febrero por el colapso técnico en las horas previas al inicio de las votaciones, generó ásperas acusaciones y contraacusaciones entre el Partido de la Liberación Dominicana y la oposición política, que forzó al apoderamiento de la OEA para indagar las causas del desastre, concluyendo el organismo que no hubo sabotaje ni intervención externa, sino serias deficiencias de los responsables informáticos de la JCE.
El organismo convocó elecciones para el 15 de marzo con voto físico, y aunque los partidos se quejaron por la falta de consultas para consensuar la fecha, aceptaron y acudieron al proceso que se realizó con la pandemia en suelo local, pero sin mayores lamentos de los actores. El PLD ante el desplome de su expectativa de triunfo avasallante en febrero (“que definirían resultados de mayo”), sí se quejó y reavivó acusaciones de supuesto sabotaje de partidos que proyectaba perdedores.
La JCE recostándose en su precedente, asumido por todos los actores nacionales (ya los nuevos alcaldes juraron el viernes último), motivó ampliamente una resolución y pospuso las elecciones presidenciales y congresuales y estableció fechas distintas a las que figuran en la Constitución, con énfasis en el mandato de la Carta Magna del final de los funcionarios de elección el próximo 16 de agosto.
La discusión está servida entre políticos, constitucionalistas y muchos “enganchados”, pero necesariamente el liderazgo nacional tiene que sentarse a la mesa para un acuerdo, no importa si es el apoyo condicionado y acompañamiento a la JCE, control preventivo de constitucionalidad de parte del TC o sanción del Congreso Nacional.
La dificultad mayor es que el presidente Danilo Medina ha rehusado persistentemente convocar al liderazgo partidario para asumir de conjunto la crisis generada por la pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales, políticas y económicas.
La realización de las elecciones, con los ajustes ineludibles, está en el centro de la discusión, pero Medina y PLD callan. Alegan estar centrados en la crisis sanitaria, pero su candidato presidencial, Gonzalo Castillo ha tomado un espacio enorme para promover su candidatura, incluso en roles correspondientes al gobierno, con evidente aliento oficial. “No hay espacio para la política”, proclamó Medina, pero evidente que hay un boquete.
Las decisiones gubernamentales que se han adoptado, las previstas para antes del 17 de mayo y las que abarcan el período de transición constitucional en temas sanitarios y económicos impactarán por el resto del año y del 2021 por lo que es necesario la inclusión del liderazgo político opositor en decisiones y soluciones.
Hacer caso a sectarios, en la idea de que “todo es posible desde el poder” es peligroso, sobre todo cuando los días se han acortado para la coordinación de la transmisión de mando y ya la oposición, desde hace 3 días, asumió la dirección de los gobiernos locales que reúnen a más de 6 millones de personas.