Pruebas y nueva fecha comicios

La mortífera marcha del Covid-19 fuerza un consenso partidario para la posposición de las próximas elecciones presidenciales y congresuales.

El problema es la fecha de celebración de los comicios, ante la imposibilidad de establecer cuándo desaparecerá el coronavirus en el país y en los territorios de importante presencia de dominicanos, cuyos gobiernos han comunicado la restricción a participación física en votaciones.

El rezago en la aplicación de las pruebas impide determinar la realidad sobre el alcance del contagio y dificulta proyectar “el pico” y el fin de la pandemia en el país, que permita generar confianza en los ciudadanos para nuevamente apretujarse en los centros de votación. Pocas pruebas es igual a menos casos y mayor tiempo del Covid-19 en el país.

Pocos partidos se han atrevido a citar fechas para las elecciones, con la eventualidad de una segunda vuelta, pero todos se apresuran a enfatizar que no pueden superar el 16 de agosto, día del traspaso constitucional de mando.

José Francisco Peña Guaba “madrugó” y el lunes 30 de marzo, a nombre del Foro Permanente de Partidos Políticos planteó en extensa carta a la Junta Central Electoral la posposición de las elecciones de mayo con advertencias sobre riesgos institucionales. Muchos partidos, casi todos los grandes, se distanciaron de aquel planteamiento que lo apreciaron extemporáneo.

En la última semana, y a propósito de una consulta de la JCE, con plazo de respuesta de cinco días, la Fuerza del Pueblo estableció los días 12 y 26 de julio; Alianza País coincide en la primera fecha, mientras el PRM planteó consultar a expertos sanitarios y pidió un plazo hasta mañana martes para opinar. El Partido Verde dijo que sería una irresponsabilidad establecer fecha sin tener la seguridad del control del Covid-19 y el PRD sugirió esperar hasta el 30 de abril para tener mayor certeza sobre la situación de la pandemia y entonces discutir el tema.

El PRSC entiende necesario el aval de la OMS y OPS para precisar día y mes y el oficialista PLD dijo que antes de sugerir fechas “desea escuchar la opinión de la JCE sobre la planificación electoral y el tiempo que necesitaría para montar esas elecciones, incluyendo una eventual segunda vuelta electoral”

Todos los partidos (al menos, es lo que dicen públicamente) aspiran a una solución antes del 16 de agosto para evitar un terreno no previsto en la Constitución.

Sin embargo, hay políticos y abogados que plantean que los cambios de fechas sugeridos para aplazar las elecciones de mayo obligarían a una reforma constitucional, en el entendido de que el precedente que se cita, resolución de la JCE disponiendo nueva fecha para las “suspendidas” (anuladas) elecciones municipales por colapso técnico, no aplicaría en este caso, porque sería prever una solución consensuada ante una eventualidad.

Lo cierto es que no hay plena seguridad del momento exacto del fin del contagio local para lograr certeza en el aplazamiento de los comicios, pero es importante establecer fechas posibles con la asesoría de OPS y OMS, y que implique aumentar de manera significativa la aplicación de las pruebas y que la autoridad sea más estricta en horas diurnas en el distanciamiento social.

Los cambios dependerán del ritmo y la eficacia del trabajo de las autoridades oficiales, lo que podría ahondar la desconfianza entre el liderazgo político, en el momento en que más se precisa del entendimiento partidario y social para enfrentar las secuelas de esta desgracia que el sábado último sumaba 2,759 contagios y 135 fallecimientos.

Algunos podrían lucubrar que en la prolongación de la incertidumbre habría ventajas para quienes detentan el poder, ignorando que el dolor siempre apunta el dedo acusador a los responsables constitucionales de enfrentar estas terribles tragedias.