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Puntos de vista jueves, 09 de abril de 2020

COLABORACIÓN

Las AFP y la crisis

EDUARDO SANZ LOVATÓN

En tiempos convulsos como los que vivimos, es muy fácil buscar soluciones repentinas y a veces emocionales. Entiendo un ejemplo de esta práctica la propuesta de que con miras a contrarrestar la crisis general que atraviesa la República Dominicana a raíz de la Pandemia del COVID-19, también conocido como Coronavirus, ha surgido, entre tantas otras, la propuesta de disponer de los fondos de pensiones para subsidiar los salarios de aquellos empleados que han sido suspendidos de sus labores, como consecuencia de las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno durante el tiempo de crisis.

Esta propuesta debe ser evaluada con detenimiento, ya que, si bien es cierto que a simple vista se visualiza por algunos como la solución de un problema a corto plazo sin daños palpables en el momento, estaríamos propiciando un desequilibrio económico de amplio alcance, que tendría efecto en toda la población, sin mencionar las acciones legales y financieras que tendrían que llevarse a cabo previo materializar dicha propuesta.

En primer lugar, debemos reflexionar sobre el objetivo/función de las pensiones, la cual es brindar protección de ingresos a las personas mayores y con discapacidad, con la finalidad de reducir su vulnerabilidad frente a las condiciones biológicas y psicosociales asociadas a la vejez y la enfermedad como tramos ineludibles del ciclo de vida.

Es por esto por lo que la Ley 87-01 sobre seguridad social establece que los fondos de pensiones solo podrán ser retirados cuando el empleado cumpla con los requisitos para su retiro (i.e., edad vs años cotizando, lo que suceda primero). Por tanto, para hacer viable esta propuesta desde el punto de vista legal, debería ser modificada la ley de seguridad social y sus reglamentos de aplicación, con la finalidad de modificar las condiciones para la disposición de estos fondos. En lo que respecta a la disponibilidad de los fondos, cabe resaltar que los mismos se encuentran invertidos en el mercado de capitales (Títulos del Banco Central: 41.5%; Títulos del Ministerio de Hacienda: 35.2%; Títulos en la banca comercial: 11.9%; Fondos de inversión: 5.7%; Títulos de empresas privadas que se dedican a diferentes actividades productivas: 4.7%; Fideicomisos: 0.6%; y, Organismos multilaterales: 0.09%), por lo que acceder a ellos resultaría inviable en las actuales circunstancias, y sería generador de efectos adversos a nivel macro económico para el país (i.e, inflación, desempleo, incremento de tasas de interés y presión en la tasa de cambio). La sostenibilidad del sistema a largo plazo debe prevalecer sobre el tiempo de crisis.

Finalmente recordemos que el Estado cuenta con otras fuentes monetarias que pudieran ser utilizadas para suplir estas emergencias, como por ejemplo, los fondos objeto del contrato de préstamo por un monto de US$300 millones suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ser utilizado como financiamiento contingente para emergencias y desastres naturales. Esta crisis eventualmente pasará. Antes de pensar en embarcarnos en procesos de reformas legislativas, y medidas que podrían alterar el equilibrio macroeconómico del país, además de comprometer la única fuente de ingreso estable en el futuro para la mayoría de los trabajadores dominicanos, debemos explorar a conciencia las alternativas viables de implementación menos comprometedoras y nocivas, que permitan al pueblo dominicano sobrellevar esta crisis sin la necesidad de diferir a futuro un problema con mayores repercusiones.