Estamos a tiempo de evitar lo peor

Expresar descontento por aquello que se entienda no conveniente o lesivo a determinados intereses, es un derecho fundamental y consecuentemente invulnerable, y menos aún en un sistema democrático como el que a base de grandes sacrificios hemos podido construir durante décadas en nuestro país.

Inicio así la presente reflexión, porque en medio del avispero creado por la manifestación de cientos de jóvenes frente a la Junta Central Electoral (JCE), cualquier comentario puede ser sacado de contexto, aunque busque aportar a una situación conflictiva que algunos intentan capitalizar a su favor y que amenaza con dividir en mil pedazos la estructura social y política de República Dominicana.

Sin embargo, entiendo que debemos pensar más allá de las circunstancias que nos ocupan. El eje central de esta crisis ha sido una decisión adoptada por la JCE, con el apoyo de las organizaciones políticas, y es en torno a esta institución que deben girar las soluciones que amerita esta crisis, que nos sorprendió cuando menos la esperábamos.

De manera unísona, los protestantes de la Plaza de la Bandera piden que todos los miembros del pleno de la JCE renuncien cuanto antes, que no deben permanecer en sus puestos ni un minuto más. Pero, ¿hemos pensado en un escenario posterior a una eventual renuncia o sustitución de los jueces titulares de la JCE? Las alternativas para zafarnos de este trance no son muchas. Hay que meditar cada acción, y las decisiones ahora pesan más que nunca, porque podrían tener un impacto demoledor para todos. Ya la JCE, en coordinación con los partidos políticos, en la pasada audiencia pública que se celebró en el organismo, y con la aprobación de cada delegado allí presente, fijó el 15 de marzo para unas nuevas elecciones. Entonces, ¿por qué polemizar tal decisión de la que todos fueron parte? Es preciso establecer que su presidente, Julio César Castaños Guzmán, ha sido coherente en su empeño por consensuar cada paso en medio de este proceso.

Nadie puede negar que en dicha audiencia pública fueron escuchadas cada queja, sugerencia y demanda de los partidos políticos; se rodaron plazos preestablecidos, y se ha pedido una investigación profunda para determinar si las elecciones del 16 de febrero fueron saboteadas y los responsables de esos hechos.

Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo en que en esta coyuntura nos jugamos el futuro inmediato de nuestra nación, lo más razonable es allanar el camino para realizar estas elecciones y preservar nuestra democracia.

Estamos ante un gran desafío pero a tiempo de evitar un desenlace que ninguno deseamos.