Cuidemos la naturaleza

En el régimen democrático que impera en el país, el poder se ejerce por delegación del ciudadano. Cada 4 años somos consultados para que, mediante el voto elijamos al gobernante que queremos. Ese mandato no es para ejercerlo caprichosamente ni en beneficio propio, dice la Constitución, es para que canalicen nuestros recursos hacia la solución de los problemas fundamentales. Por eso tenemos Carta Magna, leyes, decretos y resoluciones. Se faculta al Presidente a ejercer el poder en beneficio de la mayoría. Él jura respetar la Constitución y las leyes. Eso nunca lo debe dudar.

La Constitución siempre tiene que estar por encima de todo. La ley induce al ciudadano a obedecerla, mas aun si es una autoridad. El decreto es un complemento del poder otorgado por el votante al ciudadano que tiene en ese momento la autoridad de dirigir los destinos de la nación. La resolución es una facultad que se da a un ministro para agilizar el proceso de dirigir un ministerio. Sin embargo, este último nunca debe estar por encima del decreto, ni de la ley y menos de la Constitución. Si existe una ley que declara Parque Nacional o área protegida una determinada proporción de terreno, no debe haber dudas de que esa resolución, emitida por un ministro de ocasión, no puede sustituir una Ley.

Los parques nacionales tienen que ser respetados. Es inaceptable que un decreto o una resolución cercenen área territorial de una reserva natural. Las autoridades que elegimos para que nos protejan y cuiden de nuestro territorio, deben cumplir el mandato de respetar la Constitución y las leyes. La inversión extranjera es buena, la deseamos y la necesitamos, pero nunca debe estar por encima del interés nacional-colectivo y menos si se trata de destruir reservas naturales, necesarias para nuestra supervivencia como país y de una buena parte del planeta.