Seguir pese a las asechanzas
“No digas como periodista lo que no puedas sostener como hombre”, me repetía siempre Bonaparte Gautreaux P. en los medios en los que tuve el privilegio de compartir con el apreciado periodista y escritor.
El periodista sabe que corre riesgos cuando juega su rol de contrapeso del poder y debe estar dispuesto a enfrentar las más difíciles y diversas situaciones que hasta pongan en riesgo su vida como ha ocurrido aquí y vemos con cierta frecuencia en países como México (10 asesinatos en 2019), considerado el más peligroso, sin guerra, para el ejercicio de la profesión.
Claro, en democracia el lugar adecuado para dirimir las diferencias y ofensas entre ciudadanos es el tribunal de justicia.
Este diseño legal no exceptúa a políticos, periodistas, religiosos, periodistas y funcionarios, sin importar su nivel. Hay distinciones que solo tienen que ver con la posición que se ocupa, para la definición del lugar de ventilación del conflicto.
No me quejo cuando un funcionario, empresario o simple ciudadano advierte sobre un sometimiento judicial o acude al tribunal a ventilar diferencias o reclamar reparos por el honor alegadamente mancillado.
Lo terrible sería acudir a la violencia para amedrentarte o silenciarte para siempre.
Sin embargo; la judicialización temeraria a la que acuden funcionarios soberbios que ignoran el texto constitucional y personas con fuertes vinculaciones con el poder se cierne como grave amenaza para un ejercicio periodístico libre que contribuya al fortalecimiento democrático del país.
La amenaza del sometimiento judicial, con pedido de prisión (aunque esto se haya desaconsejado en numerosas partes del mundo) y presiones para cierre de programas que planea sobre la cabeza de profesionales de la comunicación es una presión a la labor de vigilancia frente a los excesos del poder. (El contrasentido es que quienes insultan, en su mayoría impovisados en medios radiales y televisivos, sin ningún aporte, no son molestados).
La denuncia de un periodista debe servir de alerta al Ministerio Público, obligado a actuar ante el rumor público, para hacer las indagaciones de rigor, sobre todo si como en el caso de Marino Zapete presenta documentos de instituciones oficiales de una investigación realizada por el abogado Jorge Luis Polanco.
El Procurador Jean Alain Rodríguez, hermano de la señora presentada como beneficiaria de contratos irregulares por más de mil millones de pesos, no investiga la denuncia que involucra al candidato presidencial del partido de gobierno Gonzalo Castillo, quien firmó los convenios cuando era ministro de Obras Públicas, y en un giro de tragicomedia, quien va al tribunal como acusado de difamación es el periodista.
Se suponía que Franny Gónzalez, presidente de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, recompondría el muñeco, pero no ocurrió así. El magistrado rechazó que acudieran como testigos los involucrados en los acuerdos y solo aceptó al abogado Jorge Luis Polanco.
Para colmo impidió el acceso de la prensa a la sala de audiencia (solo un medio televisivo) lo que ha generado numerosas protestas, incluida una nota de la SIP. ¿Cómo un juez puede determinar si un denunciante es difamador si no acepta documentos y testigos que puedan esclarecer la verdad o la falsedad de lo publicado? “Ese juez no puede juzgarme a mí; me quiere llevar como vaca al matadero”, se quejó Zapete.
El juez fue recusado, recurso que rechazó. Tocará a una de las salas de la Corte de Apelación tomar la decisión de mantener a González o acudir a otro magistrado.
Los periodistas debemos continuar, pese a todas las asechanzas…