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Puntos de vista lunes, 13 de enero de 2020

EN ESPECIAL

Familiares en la corrupción

  • Familiares en la corrupción
Cristhian Jiménez

Los políticos deberían definir con mayor cuidado el rol de sus familiares al ejercer el poder.

Es una situación delicada, que ignoran hasta que les sorprende un escándalo público, vinculado al tráfico de influencias o al manejo ilegal de recursos.

(Aunque en los últimos tiempos impactantes revelaciones mediáticas no han logrado frenar excesos ni llegado a los tribunales debido a la contención del ministerio público).

La ley prohíbe el nepotismo y la actuación oficial a favor de parientes, pero los funcionarios obvian estas prohibiciones y designan familiares y les autorizan y gestionan negocios.

Se ha normalizado ver hermanos, hijos, esposas, nietos, tíos en puestos públicos o vinculados a negocios con el gobierno. Esto se defiende con el mayor descaro.

“Ten cuidado, que eso es del hermano de fulano o del cuñado de zutano”, son advertidos funcionarios por quienes manejan los entresijos del poder. O en ocasiones, esos fulanos llegan soberbios y petulantes impartiendo órdenes en oficinas públicas a sabiendas de que se conoce su parentesco con altos cargos.

Podría alegarse que esto siempre ha ocurrido y que, a lo sumo, se ha agravado en cantidad de personas y montos en los recursos económicos que se manejan, pero (y es la mala noticia para estas personas y relacionados) la ley que persigue el lavado de activos ha ampliado su radio de persecución y con fiscales que realmente persigan la corrupción es difícil escapar.

Y este crimen ya no es local.

Un ilícito previo, basta para la imputación y persecución de bienes adquiridos, camuflados como de origen legal. Imputables también todos los participantes en el encubrimiento.

Esta situación podría agravarse ante el precedente sentado por la Procuraduría actual, al acusar de lavado de activos a Marisol Franco, la compañera de César Emilio Peralta (El Abusador) señalando que la posesión de vehículos, relojes y propiedades inmobiliarias son elementos “vinculantes”. (Se pensó inicialmente que se trataba de una presión oficial para obligar la entrega del entonces “fugado” Peralta, visto que ninguna de las mujeres de los grandes capos a nivel internacional ha recibido semejante acusación, pero el ministerio público ha persistido en la acusación y en que se mantenga la coerción de prisión preventiva).

A partir de este razonamiento, esposas, compañeras en uniones libres, novias y acompañantes de ocasión de funcionarios corruptos, pudieran ser acusadas de lavado de activos y sufrir la retención e incautación de bienes.  Por ejemplo, una abultada declaración de bienes, que un funcionario no pueda justificar pudiera llevarle a la cárcel y el sometimiento de las chicas que integran su red de admiradoras que hubiese recibido regalos como joyas y vehículos.

Igual podría ocurrir con esposas, hijos, sobrinas, nietos de familiares de funcionarios beneficiarios de jugosos negocios en el gobierno.

En una administración a punto concluir, los funcionarios deben tener mayor cuidado con los bienes públicos y advertir a familiares sobre las consecuencias de sus actos.