La ley corregida

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, como responsable de La Gaceta, o la Junta Central Electoral, como encargada de aplicarla, o una o las dos cámaras del Congreso Nacional, debieran revisar las leyes de Partidos y Electoral, eliminar los artículos que fueron declarados inconstitucionales y publicarlas de nuevo, ya corregidas. Parece una tarea innecesaria, inútil, pero no lo es. Quienes no tengan un manejo de esa legislación y solo la consulten de vez en cuando, tienen problemas, o pueden equivocarse a la hora de considerar o citar sus apartados.

No saber con seguridad qué está vigente, ya que la pieza desde un principio fue sometida a cirugía, y aunque todavía no pierde órganos, si extirpaciones que alteran su propósito o eficiente desempeño.

La actualización convendría a todo el mundo, incluyendo los conocedores, puesto que es mejor tener a mano un solo documento que barajar recortes sueltos de periódicos.

Aunque tal vez debiera esperarse que el Tribunal Constitucional decida sobre el transfuguismo, una pieza importante y sin la cual la Ley de Partidos habrá perdido todo sentido y razón de ser.

¿De qué sirve tener un remedio que no cura? El TC parece que se da cuenta del difícil trance en que se encuentra, y tal vez esa situación explique el retraso o la cautela en dar su fallo.

No puede hablarse de justicia denegada, pero sí justicia tardía. Tampoco puede sospecharse de falta de entereza, pero sí saber que, sea cual que sea la sentencia, se estará jugando algo más que la faja.

El discurrir será cuidadoso, los considerandos muy apegados al orden establecido, pero el dispositivo final será político. La Constitución seguirá siendo la Constitución, pero la circunstancia se impone, o a favor o en contra, pero se impondrá. No todos los días se deja a un candidato fuera de competencia, o se tumba del caballo a un caudillo, o se cierra el ciclo de un liderazgo. Lo que se decida respecto al transfuguismo significará avance o retroceso, pero sobre todo determinará qué es más crucial, si la ley o la voluntad de un interesado.