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Puntos de vista lunes, 21 de octubre de 2019

¿LEONEL CANDIDATO?

Alexis Joaquín Castillo

El ex presidente de la República, doctor Leonel Fernández, sabía muy bien que al participar como candidato presidencial en el certamen electoral interno de su partido estaba limitando sus derechos y prerrogativas ciudadanas que, aunque contenidos tales derechos en el carácter esencial del artículo 22.1 de la ley sustantiva, para la especie no aplican las argumentaciones que erga omnes suponen en principio los denominados derechos fundamentales, puesto que de conformidad con el contenido de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos núm. 33/18, y la Ley orgánica de régimen electoral número 15/19, ambas como adjetivación normativa y coercitiva del juego que norma la vida institucional de los partidos, no laceran ni entran en  contradicción con la majestuosidad de las garantías sustantivas previstas en los artículos 37-67 de la Constitución de la República.  Para explicar tal aseveración me valgo del resumen o epítome que recogen dos ejemplos de severo rigor constitucional: 1.-) La constitución en el artículo 46 refiere la libertad de transito como un derecho fundamental a la personalidad, lo que hace suponer que el ciudadano puede transitar libremente por todo el territorio nacional y  en cierto modo es así pero tal derecho, aunque inherente al ser humano, encuentra límites cuando el semáforo en rojo obliga al ciudadano a detenerse en la intercepción o le impide transitar contrario a la señalización de la vía; 2.-) La educación es un derecho fundamental, articulo 63 de la constitución, y por lo tanto consubstancial a la persona y cuando es pública deviene en ser gratuita. Pero puede un aspirante a cursar una maestría universitaria ampararse en ese derecho constitucional y pretender que sus estudios sean gratuitos. En ambas enseñanzas no podría el ciudadano invocar violación de sus derechos fundamentales.   

Antes del año 2018, el activismo político, en todas sus facetas, carecía de un eficaz control de participación. Tanto era la ineficacia del mecanismo legal electoral de entonces que su improductividad como supuesto de invalidez, sin importar la jerarquía, afectaba considerablemente la intención electoralista del que aspiraba al derecho constitucional de ser elegido. Hasta el otro día cualquier precandidato, inconforme o disgustado con los resultados de la convención de su Partido o de las primarias organizadas democráticamente, como es el pretendido caso del ex presidente Leonel Fernández, negociaba con otra organización su inserción en la boleta electoral del Partido contrario o formaba tienda aparte. Denunciar fraude electoral siempre encontró eco hasta en los millennials, al igual que irse arbitrariamente del Partido o hacer rabietas, como ocurre con el niño regañado, fueron  practicas frecuentes en el escenario interno de los Partidos Políticos tradicionales. Desde siempre, en todas las aspiraciones de elección a cargos públicos, desde el inferior cargo de director de distrito municipal hasta la más encumbrada aspiración presidencial, primó, junto al vaivén de los intereses personales y desordenado de muchos candidatos, la debilidad institucional de la agrupación y sobre todo la ausencia y/o ineficacia de un marco legal capaz de evitar que en las contiendas electorales internas prevaleciera la expresión latina res nulliuis electoral donde ni la lealtad ni el sentido de pertenencia ideológica y partidaria existían.

Si se hiciese un ensayo o se compendiasen las rupturas partidarias, así como las desavenencias surgidas en los procesos electorales de la segunda mitad del siglo pasado nadie, en su sano juicio, dudaría en reconocer  que dicho experimento ensayístico resaltaría, como causales de los conflictos electorales, la fragilidad institucional del partidismo y sobre todo afirmaríamos, esto a titulo personal, que prevalecería en el análisis del ensayo un elemento sustantivo, que se infiere en el contenido de las  ya derogadas leyes electorales números 5884/62, y 275/97, las cuales por sus naturalezas y pronunciada debilidad legal para garantizar derechos y deberes electorales permitieron, entre otras cosas, la barahúnda que armó el Licenciado Augusto Lora, quien enterado que la convención reformista había elegido libérrimamente  a otro abandonó inmediatamente el PRSC. Lo mismo ocurrió con  el Licenciado Jacobo Majluta quien, aguijoneado por sus acólitos, no solo desconoció los resultados de la convención del Concorde sino que terminó dividiendo a su organización política. Ahora bien si quisiéramos desentrañar el fin ultimo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos o más bien saber la finalidad perseguida en las disposiciones de los artículos 134 de la Ley 15/19, y 49.4 de la Ley 33/18, entonces tendríamos  que hacer una rigurosa interpretación teleológica de índole finalista para lograr descubrir su objeto, motivo y fin razonable de las disposiciones antes señaladas. De la lectura de los artículos 49.4, de la Ley 33/18 y 134 de la Ley 15/19, y  partiendo de que las normas se interpretan hurgando en su espíritu y finalidad se puede advertir en estos preceptos legales que el legislador quiso, en su autentica finalidad, sentar las bases ratio legis para impedir que, en los procesos electorales internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, un precandidato perdedor convertido en tránsfuga, abandone su formación política, traicione a sus compañeros y pacte, en el mismo proceso electoral, con otra formación con el único propósito de ser candidato. Según esta regla, advertida en la norma, el carácter del impedimento es temporal y  de voluntariedad común por lo que no tiende a afectar ningún derecho fundamental. Usted acepta participar, se inscribe en el certamen, reconociendo que si perdió la propia ley le impide, para ese mismo proceso por el que compitió, ser candidato. Por consiguiente en ambos preceptos legales se observa que bajo el régimen de la ratio legis sus disposiciones procuran concretar la finalidad de la norma impidiendo o evitando en los procesos electorales internos, el caos colectivo que supone el transfuguismo o la fuga de miles de precandidatos que se nieguen a reconocer que perdieron en su proceso electoral interno. Es por ello que, como mecanismo de protección  legal del sistema democrático, Leonel Fernández y todos los otros precandidatos  que no resultaron favorecidos en sus respectivos procesos, están temporalmente impedidos de volver a ser candidatos. Esa es la regla preceptuada del juego.


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