Finanzas públicas sostenibles

Primer Tiro Aunque la sostenibilidad de la deuda pública siempre debe analizarse en el escenario en el que todo sigue igual, la verdadera y cruda realidad es que el mismo es totalmente inviable e intolerable. El inicio del nuevo período de gobierno debería ser también el inicio de una reforma integral en toda la base de las finanzas públicas. Según el FMI, en el escenario en que todo sigue igual, los déficits consolidados se mantendrían en alrededor del 4% del PIB y la deuda aumentaría gradualmente en el mediano plazo, alcanzando aproximadamente el 56.5% del PIB en cinco años. Aunque el FMI menciona los riesgos de aumentos en los costos de endeudamiento y de una mayor depreciación, los mismos no son analizados ni cuantificados en su informe de consulta sobre el artículo cuarto publicado hace unas semanas, y precisamente estos son partes de los riesgos que hacen totalmente inviable el escenario en que todo sigue igual.

Segundo Tiro Por el lado de los factores internos, la evaluación que hacen los inversionistas y los empresarios de la sostenibilidad del déficit fiscal y de la deuda pública es la espada de Damocles sobre el panorama de riesgos macroeconómicos. Un desbordamiento mayor que el actual de la prima de riesgo demandada a los títulos de deuda pública doméstica denominados en moneda nacional aumentaría el riesgo de erosión de la eficacia de la política monetaria, el cual viene dado por la posibilidad de que la prima de riesgo demandada al rendimiento de dichos títulos se traspase a la estructura de las demás tasas de interés, lo que a su vez obligaría al Gobierno a aumentar la participación de los títulos denominados en moneda extranjera, los cuales tienen una prima de riesgo significativamente menor. La posibilidad de que la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central genere una estructura de tasas de interés de mercado diferente a la Tasa de Interés Neutral que mantiene estable la inflación y el PIB en su nivel potencial, es cada vez mayor.

Tercer Tiro Según el citado informe del FMI, el ajuste fiscal requerido debería centrarse en reducir los subsidios generalizados a la electricidad, racionalizar los incentivos de los impuestos a las sociedades, eliminar gradualmente las exenciones menos progresivas del ITBIS, y reducir el alto umbral de los impuestos a los salarios (menos del 10 por ciento de los empleados tienen ingresos superiores al umbral). Pero también un nuevo Gobierno debería considerar un programa de racionalización y aumento de la eficiencia del gasto público (según las estimaciones del BID, los gobiernos de los países latinoamericanos gastan en promedio el 4.2% del PIB de manera ineficiente), ejecutar un plan de venta de activos que vaya mucho más allá de la venta del 50% de Punta Catalina (con el cual se podrían obtener recursos para reducir la deuda pública en diez puntos del PIB), y ejecutar un programa de capitalización del Banco Central que emita bonos por la totalidad de las cuentas por recibir de parte del Gobierno que tiene dicha institución, ajustado a un nivel de emisión y tasa de interés que permita eliminar el déficit cuasi fiscal en un período máximo de diez años.