Encuestadoras que violan la ley

Al acercarse la fecha de las primarias, arrecia la guerra de encuestas. Y como guerra al fin, la verdad cae primero ante la artillería de la manipulación, llevándose a la tumba la credibilidad de esa herramienta de estudios sociales.

Fue tratando de evitar el uso de las encuestas como instrumento de propaganda y manipulación y procurando preservar parte de su credibilidad y utilidad orientadora para la sociedad, que los congresistas incluyeron en la nueva legislación electoral controles sobre las firmas encuestadoras y los estudios que hacen públicos.

La Ley 15-19 del Régimen Electoral establece que para publicar encuestas de carácter políticoelectoral las firmas deben registrarse en la Junta Central Electoral, y presentar sus estatutos sociales, lista de accionistas, composición de consejo de administración, nómina de directivos y los currículos actualizados de los técnicos que dirigen o participan en los sondeos o encuestas… Y al revelar los resultados de cada estudio están obligados a incluir sus características técnicas, tamaño de la muestra, método de muestreo, procedimiento de selección de encuestados y el texto integro del cuestionario, así como la denominación y domicilio de la persona física o jurídica que encargó esa encuesta en particular.

Sin dudas que letra muerta, porque desde que la ley fue promulgada en el país se han publicado decenas de encuestas y ninguna ha cumplido a cabalidad las disposiciones legales… No lo han hecho las empresas reconocidas como ASISA o New Link, que continúan sin hacer públicos los métodos de estratificación de muestra, selección de encuestados y los cuestionarios utilizados… Sin informar quienes pagan sus encuestas, o pretendiendo burlar las disposiciones legales atribuyendo los encargos a compañías o personajes fantasmas sin intereses en la actividad política electoral… Mucho menos lo hacen esos inventos de cada cuatro años, “firmas” que nacen y mueren con cada proceso electoral. Que cambian de nombres, aunque detrás permanecen los mismos vividores. Con tan poca credibilidad que no sirven ni para manipular… Nadie les cree.

Según el articulo 279 de la Ley Electoral las violaciones a sus disposiciones “Constituirán infracciones administrativas, las cuales serán castigadas con el pago de compensaciones pecuniarias en base a salarios mínimos o sobreseimiento de algunas acciones, aquellas violaciones que cometan ciudadanos, ciudadanas o instituciones de cualquier naturaleza, al no cumplir las disposiciones de la ley en lo que respecta al desempeño de las funciones que les fueren asignadas o los que violentaren los procedimientos establecidos en la presente ley”.

Pero evidentemente eso no aplica para las encuestadoras… Que violan la ley descaradamente y no reciben siquiera una advertencia por parte de una Junta Central Electoral, que en ocasiones luce desbordada ante las atribuciones que le asigna la nueva legislación.

Lo peor es como ese proceder anárquico profundiza el descredito de las encuestas como instrumento de estudio demoscópico y proyección del comportamiento electoral, mientras consolida el criterio de que se han convertido en fútiles instrumentos propagandísticos, utilizados para los mismos fines que un afiche o un spot radial o televisivo… Con tan poca diferencia que, como cualquier comercial, basta con observar sus resultados para inferir quienes las pagan… Aunque pretendan enmascararlos.