La JCE y la compra de votos

Es evidente que la calidad de la representación en el Congreso Nacional ha bajado de manera considerable luego de asumirse el voto preferencial, impulsado desde instituciones no partidistas que se dieron como objetivo debilitar las “cúpulas” de los partidos políticos bajo el argumento de un secuestro de la democracia que limitaba la participación ciudadana, ignorando, según algunos, que los procesos de escogencia interna de los candidatos constituían un cedazo que permitía ofertar a las comunidades un mejor producto.

Las compuertas se abrieron, y aunque siempre, en el antiguo esquema, se colaba uno que otro mudo improductivo, inició un proceso de degradación congresual observable en el talante de cada curul, que vistas una por una, se pueden descubrir excepciones honrosas, pero que atrapadas en una toma visual de conjunto con fines de evaluación, la reprobación no necesita del auxilio de peritos que con notas vergonzosas la aprueben.

Este cuadro es la consecuencia del “entren to’...” que la ley permitió para “democratizar” y “darle sentido popular” a los procesos electivos, lo que hubiera sido posible con normas rigurosas que impidieran que las manos llenas con cerebros vacíos y sin compromisos con la colectividad, se impusieran a proyectos con cimientos en las demandas y necesidades estructurales de las comunidades, engatusadas, instrumentalizadas y humilladas con las migajas que se ceban en la pobreza.

De esta manera, y en un escenario de puertas abiertas de par en par, con la ñapa de ventanas al aire para los desaprensivos que quieran saltar por ellas sin miramientos, más que “democratizar” y darle sentido popular a los procesos de elección, se abrió la posibilidad de crear, como en efecto se crearon, estructuras económicas, muchas veces “cartelizadas”, con recursos de dudosa (certera) procedencia, que compran voluntades.

En este esquema, en que la laxitud de las normas permiten la contaminación del proselitismo político, el elector es un elemento que se mueve al ritmo del tamaño de la cartera del aspirante que sepulta cualquier propuesta que despierte el sentido crítico y la agudeza del discernimiento que le permita tomar decisiones de acuerdo a sus intereses y no al del inescrupuloso que, al comprar y ofertar lo imposible, desnuda su intención de actuar en beneficio propio, lo que deja claro que no irá a representar al ciudadano que le vote.

La Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) están en el deber de proteger la verdadera voluntad del elector; proteger su albedrío, no solo en la transparencia del escrutinio, sino durante el proceso previo, para que el voto no llegue contaminado a la urna, y para ello, como ocurre en otros países, se debe anular, ante evidencias, las candidaturas que alquilen conciencias, que es una forma de fraude.