¿Reelección...? Asegún

En Colombia, la reelección presidencial estuvo prohibida hasta que en 2004 Álvaro Uribe impulsó una reforma constitucional que le permitió gobernar por un segundo período consecutivo. En 2010 buscó un tercero, pero la corte constitucional declaró ilegal la convocatoria a un referéndum para habilitarle. En esos días Leonel Fernández participó en el Foro Económico Mundial celebrado en Cartagena de Indias, y al referirse a la situación de su homólogo colombiano, reprochó que un mandatario respaldado ampliamente por la población no pudiera continuar al frente del gobierno por lo que calificó como un “constreñimiento institucional”, al tiempo que llamó a las democracias latinoamericanas a reflexionar sobre ese fenómeno.

Meses más tarde Fernandez ofreció un almuerzo a periodistas en Palacio Nacional, y cuestionado sobre la posibilidad de presentarse a una nueva reelección consecutiva, apeló al artículo segundo de la Constitución sobre la soberanía popular apuntando que “la última palabra siempre la tiene el pueblo”.

Eso era entonces. Ahora la popularidad del mandatario carece de relevancia al momento de abordar su habilitación electoral, y no interesa la expresión democrática del pueblo “de quien emanan todos los poderes”.

A mediados del 2010, el distinguido jurista y mejor persona Jottin Cury hijo, publicó un ensayo donde planteaba la irretroactividad de la limitación constitucional que impedía a Fernández a repostularse, señalando que, en consecuencia, se encontraba habilitado para buscar un tercer período consecutivo. En aquel momento la prolongación de Leonel en el poder no representaba amenaza alguna para la democracia. Aunque actualmente se opone a una nueva repostulación de Medina, y advierte sobre el peligro que constituye para “la democracia y el respeto a los límites del poder consignados en la Constitución de la República”.

Lo mismo que el amigo Namphi Rodríguez, abogado constitucionalista y fiero defensor de la vigésima disposición transitoria que impide al ciudadano Danilo Medina “elegirse y ser elegible” a la Presidencia por el resto de sus días, y que muestra preocupación por la calidad de democracia si se produce una reforma constitucional que le habilite electoralmenteÖ

Pero eso es ahora, porque en 2011 publicó un trabajo en el que acudía a la Convención Americana de los Derechos Humanos y al artículo 26 de la Constitución para afirmar que “las prohibiciones constitucionales de reelección violan el derecho humano de determinación de los ciudadanos para elegir libremente a sus gobernantes”; sostenía que las posiciones sobre la reelección tienen un fondo “circunstancial y político”, no jurídico; y aseguraba que si Leonel no intentaba una nueva reelección era “por una cuestión de prudencia política y tacto personal”.

Y qué decir de Vincho Castillo y sus vociferantes vástagos, que en el año diez pedían a gritos una reforma constitucional que estableciera un mecanismo vía referéndums para reelegir indefinidamente a Fernández, pues el país no podía renunciar a su “inteligencia superior y buena”. Entonces no sembraban terror sobre supuestas crisis políticas y tramas contra la democracia, ni consideraban un “estupro” modificar una Constitución recién promulgada. Claro, era para beneficiar a Leonel y “perpetuarlo en el poder”. Como se puede apreciar, para los guachimanes constitucionales, esto de la reelección es asegún.