Seguridad ciudadana (2)

En América Latina y el Caribe se hace necesario contar con instituciones de seguridad eficientes. A mayor eficiencia, menor será el gasto que necesita la región para combatir el crimen.

Los perfiles de gasto son heterogéneos y varían significativamente en su focalización. Conforme datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jamaica y Argentina gastan más en policía y Brasil y República Dominicana orientan más los recursos al ámbito de la justicia. En los países de la región, la mayor cantidad de recursos que reciben las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana, se invierte en personal (80%). De acuerdo al BID, este gasto supera en 10% a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los cuales destinan sólo el 70%. Chile y Perú son los que menos gastan, mientras que Paraguay y Uruguay los que más recursos asignan al pago de personal.

El gasto por habitante en seguridad es muy variable entre los países. Nicaragua y Honduras gastan 32 y 70 dólares por habitantes respectivamente, en cambio, Uruguay y Brasil 312.5 dólares promedio. El mayor nivel de gasto lo presenta Argentina, superando a Brasil en un 54%, gastando 583 dólares promedio por persona.

El estudio del BID “Mejor gasto para mejores vidas” de 2018, pone de relieve que el incremento del gasto no se corresponde con los resultados de seguridad en la región. Algunos países mejoraron y otros empeoraron, según el BID. ¿Si gastamos más, se reducen los delitos? o ¿Si los delitos aumentan, hay que subir el gasto? En Brasil por ejemplo, un estudio realizado en 26 estados en el período 2002-2014, reflejó que un incremento del gasto anual en servicios policiales por habitantes de 10 reales, es decir, pasar de 186 reales a 196 reales, redujo en 0.6% la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes (descendió de 31 a 29 homicidios por cada 100 mil personas). Este estudio indica que el aumento del gasto favoreció la reducción de la criminalidad.

La doctrina en seguridad ciudadana, ha analizado una larga lista de interrogantes cuyas respuestas difieren entre regiones y países. Cada Estado tiene la responsabilidad de garantizar la integridad física de sus ciudadanos y la protección de sus bienes. La efectividad de la protección depende del método que se utilice. En ese contexto, el estudio del BID formula las siguientes interrogantes: “¿Contratar más policías para aumentar la vigilancia, subir sus salarios para que estén más motivados, equipar laboratorios forenses para capturar a más delincuentes? ¿Invertir en programas sociales para reducir la probabilidad de que los jóvenes se inicien en actividades delictivas, o construir más cárceles para alojar más cantidad de delincuentes y por más tiempo?”. Los expertos en materia de seguridad han llegado a la conclusión de que el gasto en seguridad debe estar orientado a la prevención, en lugar de lo reactivo y punitivo. La comisión de un crimen implica persecución policial, servicio judicial para investigar y juzgar; servicios correccionales para cumplir la sanción y lograr la rehabilitación; y recursos humanos y económicos para la reparación de la víctima. El conjunto de estas acciones es mucho más costoso y dañino para la sociedad, que prevenir los delitos.

Prevenir evita sufrimientos y es más económico que los gastos que incurren los afectados, el imputado y el Estado, luego de consumado el delito. La prevención es la mejor solución.