La disyuntiva

La decisión por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de eliminar el voto de arrastre de los diputados hacia los senadores en 26 provincias, manteniendo la modalidad en otras 5 y el Distrito Nacional, ha reavivado por soslayo el recurrente debate del voto preferencial.

Y es que al margen de la ambigüedad (o error) del nuevo régimen electoral (Ley 15-19), que paradójicamente provee asidero legal para ambas opciones, o de la desacertada disposición de la JCE de no optar solamente por una de las dos posibilidades, que el sufragio del elector no se vaya por trasmano a otro beneficiario, constituye una garantía de legitimidad en las urnas.

Una reflexión que rescata el debate del antiguo listado cerrado de propuestos que elaboraban los partidos políticos para, y en relación al cumulo de votos y los lugares asignados en la lista, determinar las diputaciones obtenidas y que fue sustituido por el voto preferencial donde cada candidato o candidata debe procurarse los suyos de una forma particular.