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EN SALUD, ARTE Y SOCIEDAD

Que sea atendido el reclamo de Claro

El 21 de marzo, los abonados a los servicios de Claro Dominicana sufrieron una interrupción de Internet, provocada por la ruptura de cables de fibra óptica en Puerto Plata.

Según informó la empresa, ocurrió “debido a trabajos que realizaban contratistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en diferentes tramos de las carreteras Navarrete-Puerto Plata y Puerto Plata-Nagua”, ocasionando “casi de manera simultánea, dos cortes de nuestra red de fibra óptica nacional”, mediante la cual la empresa suple servicios de conexión a Internet y otros de vídeo y data. Pese a la gravedad, Claro logró solucionar el incidente, restableciendo el acreditado servicio “a millones de dominicanos” en 1 hora y 49 minutos.

Es lamentable que para hacer algo, algunos deban dañar a otros; que para vestir un santo, desnuden otro.

Claro informó lo impensable: sólo en el 2018 y por similares causas, su red sufrió 40 cortes de gravedad y en el 2019 siete, sólo en el tramo Puerto Plata-Nagua.

¿Casualidad o boicot intencionado? La ética y el respeto a lo ajeno fundamentan la convivencia civilizada y el derecho de propiedad. Paradigmas que, por los casos que acumula la experiencia, desconocen algunos beneficiarios de contratas de obras públicas y privadas.

Se entregan —y, peor, se reciben— obras carentes de las calidades demandadas, ofertadas y cotizadas. Sus falencias quedan al desnudo con la llegada de las lluvias, el mínimo terremoto, el uso y el paso del tiempo inmediatos.

Otra práctica lamentable de constructores de obras públicas y privadas es apropiarse los espacios públicos.

Abundan las avenidas y calles de encumbrados, medios y bajos sectores capitaleños y del interior donde los pórticos residenciales, de torres de apartamentos, de negocios y plazas se erigen en tramos de aceras robadas.

Junto al comunicado de Claro Dominicana quedan al desnudo esas prácticas ya intolerables de constructores a las que se debe poner el Pare. Las diligentes respuestas de Claro Dominicana a tales averías confirman su presteza y liderazgo; su ostensible solidez técnica-operativa, razones de su crédito bien ganado de empresa fiable en las tele-comunicaciones.

Claro acoge al 79% de los abonados a servicios de telefonía fija y al 70% de usuarios de líneas IP nacionales.

Sus porción del mercado en la telefonía móvil nacional representa el 57.94%.

Las telecomunicaciones han venido a constituir un servicio vital para que los ciudadanos ejerzan los derechos al trabajo, a la información, a la expresión y difusión del pensamiento y de familia que a su favor consagran la Constitución y las leyes.

Afectar a Claro o a otra empresa del ramo es, además de dañar sus propiedades, violentar esos derechos a sus usuarios. En el caso de Claro: 4.25 millones de cuentas dominicanas que acceden a Internet por motivos de negocios, trabajo, estudio, comunicación o diversión.

Dada esta importancia de las comunicaciones y de la propiedad, las autoridades deben impedir que daños similares puedan producirse nuevamente y, peor, sin consecuencias.

Aprovechar para, a las prácticas ilegítimas referidas de constructores y contratistas públicos y privados, ponerles un definitivo Pare.

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