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En la diana

Primer Tiro Aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea la necesidad de arribar “a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional”, las verdaderas urgencias y prioridades son las decisiones orientadas a asegurar la sostenibilidad financiera de la industria eléctrica, entre las cuales las más altamente prioritarias son la reducción del costo de generación y la disminución de las pérdidas de distribución, y para la ejecución de las mismas, la firma de un Pacto Eléctrico no es una condición necesaria si no se toman en cuenta los intereses afectados por dichas decisiones. Pero el desplazamiento de generadores privados que provocaría la entrada de Punta Catalina o de cualquier otra unidad de generación de menores costos marginales que las que usan derivados el petróleo, la eliminación de los subsidios tarifarios innecesarios, y del robo de electricidad, parece que son resultados generan el temor suficiente para justificar el componente político del Pacto

Segundo Tiro Hace mucho tiempo que aquí se planteó que el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal tenían que discutirse y aprobarse de manera conjunta, y la razón fundamental para dicho tratamiento son los efectos que los subsidios a las tarifas y a las pérdidas de las empresas eléctricas tienen en el déficit fiscal, lo cual ameritaría una revisión de las metas de presión fiscal incluidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para analizar el impacto fiscal de Punta Catalina se podría partir de un precio promedio de largo plazo del petróleo en la frontera de los 60 dólares el barril. A ese nivel general de precios de los combustibles, puede estimarse razonablemente que el precio promedio de compra de largo plazo de las distribuidoras sería de 12.50 centavos de dólar el KWh. Si se asume que los índices de facturación y cobranza se mantienen, y que el porcentaje de abastecimiento de la demanda también se mantiene constante, entonces las distribuidoras tendrían que comprar 12,000.0 millones de KWh al año.

Tercer Tiro Con una capacidad instalada de 720 MWh y un factor de planta de 82.5, Punta Catalina generaría una cantidad de energía equivalente al 27% del abastecimiento actual, y según las informaciones disponibles, la misma sería facturada a 7.0 centavos de dólar. Lo anterior significa que el 27% de las compras actuales, con un costo promedio de 12.5 centavos de dólar, sería desplazado por Punta Catalina, a un costo de un 44% menor. Sin Punta Catalina, la factura de compra de las distribuidoras a los generadores ascendería a US$ 1,500.0 millones, mientras que con la entrada de dicha planta al sistema eléctrico interconectado, la factura disminuiría a US$ 1,321.8 millones, es decir una reducción de US$ 178.2 millones.

Pero la disminución de las perdidas por compras de energía también abre espacio para el ajuste de la tarifa, lo que a su vez tiene un efecto de segunda vuelta en la reducción de los subsidios tarifarios. La entrada de Punta Catalina no tiene como requisito la firma del Pacto Eléctrico, pero una reducción de las pérdidas de por lo menos US$ 200 millones anuales que la misma produciría debería ser un insumo para el análisis y el debate público sobre la sostenibilidad financiera de la industria eléctrica, y del déficit fiscal.

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