Titulo Principal Ley electoral, un adefesio
La semana recién transcurrida el Congreso Nacional y los partidos políticos allí representados aprobaron una nueva Ley Electoral que ha llenado de frustración a la mayor parte de la sociedad dominicana. Lo que debió ser una magnífica oportunidad para lograr grandes reformas al sistema electoral dominicano, que garantizaran elecciones libres, transparentes, con equidad para los partidos en competencia, terminó igual que la Ley de Partidos, en un asqueante acuerdo de poder mediante el cual la oposición (fundamentalmente el Partido Revolucionario Moderno), terminó “transando” aspectos cruciales para la democracia, a cambio de lo que ellos llaman “ley posible”, que no es más que un artilugio o excusa baladí para explicar al país su sumisión y actitud timorata ante el poder del partido gobernante, PLD.
Uno de los aspectos más asqueantes de la nueva Ley Electoral es la reiteración del voto de arrastre de los diputados a los senadores, abierta y groseramente inconstitucional, ya que la Constitución establece que el voto al diputado y al senador deben ser directos y no indirectos, como plantea el ignominioso arrastre. El presidente del PRM, el buen amigo y Senador por la provincia de Puerto Plata José Ignacio Paliza, planteó con mucho valor la inconstitucionalidad del “arrastre”; sin embargo, su bancada mayoritariamente en la Cámara de Diputados votó sin ningún rubor por la pieza, a sabiendas de que se violaba la Constitución.
El voto de arrastre, no sólo es inconstitucional, sino antidemocrático, pues le dá a un sólo partido (en este caso el gobernante PLD), la sobreseguridad de obtener control de las dos cámaras legislativas con el voto de los diputados. El contrapeso de nuestro sistema constitucional está en el balance de los poderes. La composición diversa del Senado en diferentes fuerzas políticas frente a la de los Diputados. Todo eso se echó a la basura por obra de una oposición congresual que, en vez de reclamar con firmeza y presionar al PLD a cambios importantes en el sistema electoral, lo que ha hecho es plegarse sin que nadie en realidad tenga una certeza de cuáles son los motivos profundos de esta actitud, que ha llevado a la gente común a decir en las calles que en RD “no hay oposición”.
Con el tema del costo de la política y de las campañas electorales, que era otro de los ejes fundamentales de discusión, se les ha otorgado un tope a los candidatos presidenciales de casi mil millones de pesos. ¿Quién puede costear una campaña presidencial de un billón de pesos? La corrupción, el narco, el bajo mundo, el crimen organizado. Se perdió una magnífica oportunidad para limitar los gastos de campaña y darle chance a mucha gente que pudieran ser excelentes candidatos, pero que el sistema no les permite competir por lo incosteable del costo de la política y las campañas electorales.
Se pretendió anunciar con bombos y platillos como un gran logro, la creación de un fiscal especializado en delitos electorales, como si le hablaran a un país de tontos. ¿a quién va a responder un procurador general especializado en asuntos electorales, siendo un ayudante del procurador general de un gobierno de turno? Lejos de ser positivo, la creación de esta Procuraduría Especial Electoral, sin la independencia política requerida para hacer un trabajo serio y no sesgado, se puede convertir en un peligro contra los partidos de oposición que pueden ser objeto de persecuciones políticas. ¿Quién va a creer que un ayudante de procurador general va a perseguir a los miembros de un partido de gobierno, cuya suerte esté envuelta en unas elecciones? Un desastre total.
La ley, igualmente, plantea una serie de absurdos inconstitucionales que tienen que ver con derechos fundamentales protegidos por la Constitución. La libertad de expresión y el debate abierto de las ideas en campañas electorales es crucial para la democracia. El Artículo 284, ordinal 18, de la ley aprobada establece: “Serán castigados con penas de 3 a 10 años los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales, sobre uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrantes con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de los candidatos, candidatas o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos o agrupaciones participantes en los procesos electorales”. Este texto representa un grave atentado a la Constitución y a la libertad de expresión, al plantear de manera vaga y subjetiva hechos que pueden ser propios de una campaña electoral como infracciones graves y formidables instrumentos de persecución política contra opositores al gobierno de turno. ¿Qué es una campaña falsa o denigrante? ¿Quién la va a juzgar como tal? ¿No se podrá hablar de que determinado candidato esté comprometido con hechos de corrupción o que haya cometido yerros en el pasado? ¿Puede ser esto una infracción grave, penada con 3 a 10 años de cárcel? Una verdadera locura, hecha por gente que se ve no tiene ningún conocimiento jurídico en esta materia y que desconoce cuáles han sido los precedentes del Tribunal Constitucional sobre el tema. El Tribunal Constitucional ha defendido en precedentes jurisprudenciales, el derecho y la libertad de expresión y difusión del pensamiento, admitiendo el aspecto penal punitivo como elemento de difamación, cuando atentan contra la moral de una persona, en cuyo caso la persona agraviada siempre tendrá el derecho de exigir reparación a su honor y buen nombre afectado. Jamás un instrumento legal que se pueda usar medalaganariamente para perseguir a adversarios políticos sobre hechos subjetivos y apreciaciones medalaganarias que tienen que ver con la conveniencia partidarista en determinado momento.
Por razones de espacio nos vamos a limitar, por el momento, a los puntos expuestos que refuerzan la convicción nacional de que la nueva Ley Electoral es un adefesio inconstitucional, que nació torcida y desacreditada para desgracia de nuestra nación.
