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El alto costo de la democracia estresa a República Dominicana

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Manuel Figueroamanuel.figueroa@listindiario.com

La débil democracia de República Dominicana atraviesa por uno de sus momentos más estresantes. Todo este año el país estará sumergido en una incierta tormenta política, cuyos resultados alcanzarán su máxima intensidad en el 2020, con dos elecciones nacionales separadas.

El enfrentamiento se adelantó azuzado por un período de precampaña o campaña interna de 27 partidos políticos, que compiten por el mismo demagógico destino y recibe miles de millones de pesos del Estado, para financiar a su liderazgo en nombre de la democracia.

Pero no conforme con los fondos que reciben cada año, ahora se plantea que los dominicanos tendrán que erogar en adición 1,249 millones de pesos de los impuestos que pagan, para que cinco partidos políticos seleccionen sus candidatos a través de la modalidad de primarias simultáneas.

Más aún, que también en nombre de la democracia, esas organizaciones sólo aportarán 200 millones de pesos de los que concede el Estado para sus actividades. O lo que es lo mismo, que en nombre de la democracia, en el proceso se invertirán 1,449 millones de pesos extraídos de los bolsillos del pueblo.

Todo este ambiente carnavalesco ocurre en un país donde los servicios vitales que se ofrecen a la población para vivir con dignidad funcionan con deficiencias. O sea, salud, educación, vivienda, alimentación, agua potable, electricidad, seguridad ciudadana y transporte.

Además, que riñe con lo establecido en la reciente Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos aprobada por los legisladores de las propias organizaciones que favorecen ese nuevo privilegio en nombre de la democracia.

En su artículo 47 la Ley 33-18 establece de manera expresa que los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular, serán deducidos del aporte económico que les proporciona el Estado, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.

La solución a la evidente afrenta al país se espera este lunes, cuando el tribunal de elecciones se reúna con los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), que dirige el Estado; Revolucionario Moderno (PRM), el mayor de la oposición; Revolucionario Dominicano (PRD), aliando al PLD, y los minoritarios Alianza País y Opción Democrática.

De ahí en adelante el asfixiante ambiente político lo continuarán aportando el Congreso Nacional con el conocimiento de la Ley del Régimen Electoral que regulará los comicios municipales de febrero de 2020 y los presidenciales y cogresionales de mayo del mismo año. En esta legislación se han introducido artículos controversiales, como el voto de arrastre para favorecer a los candidatos a senadores.

Para entonces el partido gobernante estará inmerso en un sopor interno, donde el tirijala y la indefinición en torno a la reelección presidencial y sus precandidatos, no resultan menos complejos.

La Constitución prohíbe la repostulación del presidente Danilo Medina, quien ha prometido para el próximo mes tirar las cartas sobre la mesa. El tiempo apremia y en julio comienza la precampaña, período donde los partidos realizarán sus actividades y el proselitismo interno, con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular en octubre.

Mientras tanto, los dominicanos tendrán que mantenerse en vilo. Esperando además que el Tribunal Constitucional despeje la urgente situación que se plantea con ocho recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos, porque si expiran los plazos afectaría todo el proceso electoral y contribuiría a terminar de postrar la sociedad entera, sin mecanismo de defensa, ante el griterío, confusión y ruidos del caldeado escenario político.

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