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TRIBUNA ABIERTA

Los doce años

Durante mucho tiempo esas tres palabras han sido utilizadas por diversas personas para referirse a los períodos constitucionales de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, comprendidos entre 1966 y 1978. De ellos muchos suelen decir que fueron “represivos”, al referirse a las medidas que asumieron las autoridades militares, para mantener el orden constitucional vigente y preservarlo de la violencia política y de la insurrección armada que auspiciaban las fuerzas opositoras radicales, así como los grupos de izquierda.

Luego del triunfo electoral del doctor Balaguer en 1966 los perdedores no asimilaron la derrota y otros no entendieron que la guerra había terminado, por lo cual comenzaron a urdir, con el auxilio de dictaduras con imagen socializantes, cercanas y lejanas, que prometieron “llevar la Revolución en la punta de los fusiles a América Latina”, los planes para establecer en el país un foco guerrillero en nuestras montañas, al tiempo en que también se articulaba la resistencia armada urbana que captara los recursos económicos necesarios, mediante asaltos, secuestros y actos de terrorismo, para el fallido desembarco de playa Caracoles.

En esa aventura insurreccional se embarcaron jóvenes pertenecientes a los diversos partidos de izquierda, de esa izquierda revolucionaria que respaldaba a las dictaduras socialistas que, como comprobamos 23 años después, habían dejado miles de muertos en nombre de una ideología que resultó ser la gran estafa del siglo XX.

La oposición realizada a las primeras tres administraciones del doctor Balaguer estaba muy lejos de ser una oposición constructiva que contribuyese al establecimiento de un régimen de convivencia y armonía entre nuestros conciudadanos, sino que se convirtió en una fuente de agitación permanente que auspiciaba y apañaba los hechos vandálicos, así como los llamados a las masas a rebelarse contra las instituciones legítimas del Estado.

Todos los que desconocieron los cauces institucionales y violentaron el orden que debe imperar en toda sociedad civilizada y democrática, fueron enfrentados, como era lógico, por las fuerzas encargadas de implementar y preservar el orden y la paz pública.

El hecho de usted denominarse “socialista” o “marxista leninista” no le otorga el derecho a la insurrección armada, ni tampoco justifica los delitos y crímenes que en nombre de esa o cualesquiera otra ideología se cometan. Los asaltos, secuestros y muertes de miembros de las Fuerzas Armadas para despojarle de su arma de reglamento, aún se cometan en nombre de la “revolución” y para “la liberación nacional” son, simple y sencillamente, delitos y crímenes tipificados y castigados por las leyes de la República.

En los referidos períodos de gobierno el hecho de profesar la ideología comunista no fue motivo de persecución, pero sí se tomaron las providencias pertinentes para que esas personas así denominadas no hicieran uso de las libertades consagradas por la ley para atentar contra la paz nacional, ni para asociarse a intereses extranjeros con el fin de cambiar la forma de gobierno establecida en la Constitución de la República.

Es a esas medidas adoptadas en defensa del orden constitucional vigente a las que muchos se refieren como “represivas”, ocultando o soslayando las poderosas razones y las circunstancias en que fueron implementadas.

Como hemos señalado anteriormente no se sancionaban, ni se perseguían ideas sino acciones y hechos vandálicos de corte subversivo que bajo el manto revolucionario atentaban contra el orden, la estabilidad y la paz social de nuestro país.

Con el paso del tiempo, cuando esa época no sea un tema desbordado por la pasión y el prejuicio, se podrá dilucidar, con la serenidad de la distancia, ese momento histórico. Mientras tanto, esa es la verdadera realidad de Los Doce Años, al margen de las interpretaciones parcializadas que aún alimenta el sectarismo ideológico.

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