Proyecto de Ley de Comercio Marítimo

Durante varias semanas hemos analizado en detalle el comprotamiento del comercio marítimo mundial, a través de cuatro artículos que han sido publicados en este diario. Observamos el extraordinario volumen de mercancías que se transportan en contenedores y a granel; los tratados y acuerdos comerciales que se han suscrito entre Japón, la Unión Europea, Canadá y cuya concreción aumentará el volumen del transporte marítimo; los desafíos a que se enfrenta esta actividad comercial, en virtud del incremento del consumo interno de China, la guerra comercial con Estado Unidos y la salida de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea; la importancia que reviste esta actividad, en relación a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el cumplimiento de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles; las fusiones y alianzas entre empresas que desarrollan actividades de comercio marítimo; las concesiones portuarias y las alianzas público-privadas para la reconstrucción, ampliación y gestión de los puertos; la planificación y automatización del transporte marítimo; los países con mayor cantidad de buques, de patrimonio naviero y mayor tráfico portuario; las tendencias internacionales en el ámbito jurídico, relacionado con la ciberseguridad de los buques y puertos; las dificultades de conectividad marítima que afecta la competitividad de los estados; las propuestas y programas de automatización de las aduanas y muelles y las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Marítima Internacional (OMI), relativas a las reformas que deben realizarse para agilizar el comercio marítimo, la conectividad entre puertos y la protección del medio ambiente.

Todo lo anterior indica los distintos elementos que deben analizarse para hacer más efectivo, económico y transparente el comerio marítimo. Lograrlo implica, entre otras cosas, que los países adecúen sus marcos legales a ese nuevo entorno marítimo internacional. En el caso dominicano, la norma vigente que regula la “administración marítima nacional” contiene disposiciones que acentúan la deficiencia y el aislamiento de las distintas actividades del comercio marítimo. La referida norma dificulta que el Estado dominicano pueda controlar de manera efectiva la navegación y al mismo tiempo proteger el medio marino. La administración marítima se conforma con los órganos y entidades del ámbito público responsables de velar por los intereses de la navegación, el transporte marítimo, la marina mercante y los puertos. La Lic. Lludelis Espinal, especialista en Derecho Marítimo, citando al capitán de Fragata, Aníbal Trinidad Medina, indica que “la República Dominicana tiene una administración marítima, descentralizada, es decir, sus funciones son ejercidas por diversas instituciones conforme a las leyes que le dieron vigencia a las citadas instituciones”.

De todo lo anterior se desprende la necesidad de una Ley de Comercio Marítimo, que derogue la Ley No. 3003, sobre Policía de Puertos y Costas, del 4 de agosto de 1951 y la Ley de Puertos. Además es necesario reglamentar toda la estructura jurídica relacionada con el comercio marítimo, incorporando los acuerdos y convenios internacionales sobre la materia, de los que la República Dominicana es signataria.

Como Senador de la República, he sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley de Comercio Marítimo, que revisa las leyes vigentes y las normas que regulan el negocio y las operaciones marítimas en el derecho positivo dominicano, las cuales se encuentran dispersas en numerosas legislaciones.

Se hace imperativo aprobar esta ley, ya que 90% del flujo de carga que se comercializa en República Dominicana ingresa por la vía marítima, por lo que el transporte y el comercio marítimo se convierten en un pilar importante de economía nacional.

Es indispensable y necesario estructurar un marco legal que permita la modernización, el desarrollo y la promoción del comercio marítimo, estableciendo procedimientos y reglas de juego claramente definidos para los actores que intervienen en los contratos de explotación de naves marítimas y en el transporte internacional de mercancías.

Con la propuesta de ley, se define una política marítima nacional con una visión integrada del Estado hacia el sector marítimo, lo que permitirá el aprovechamiento sostenible de las aguas navegables de la República Dominicana y los beneficios y ventajas de la posición geográfica y de la condición de Estado ribereño y archipelágico, que convertirán a los puertos dominicanos en los más importantes de la región.

Con esta iniciativa, se da cumplimiento además, a lo que dispone la END en su objetivo 3.3.7 de “Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica”, desarrollando el marco regulador que fomente la prestación, con calidad mundial, de servicios logísticos internacionales (línea de acción 3.3.7.1).

El proyecto de Ley de Comercio Marítimo tiene por objeto regular, dentro del territorio de la República Dominicana, los hechos y relaciones jurídicas relativas a las naves marítimas nacionales y extranjeras, así como aquellos que surgen del transporte y demás actividades marítimas, para asegurar y proteger los legítimos derechos e intereses de las partes envueltas y al mismo tiempo, promover la seguridad y el desarrollo del sector marítimo, la economía y el comercio.

El proyecto establece el procedimiento a seguir para los fines de nombre y matriculación de toda nave marítima; se dispone la creación de un Registro Marítimo, como un órgano del Ministerio de Industria y Comercio, el cual estará conformado por el asentamiento de todos los actos jurídicos relativos a las naves marítimas; se define el procedimiento para la obtención de la patente de navegación y el certificado de navegabilidad, y la forma en que deben ser llevados el diario de navegación, cuaderno de bitácora, diario de máquinas y rol de la tripulación; se define y regula los distintos contratos de de explotación de las naves marítimas y transporte marítimo, entre muchas otras novedades. Se hace necesario aprobar esta norma para el fomento del desarrollo nacional.