Grosera agresión

La grosera agresión de que fue víctima la sede de la Suprema Corte de Justicia, en momentos en que se realizaba el acto solemne con motivo del Día del Poder Judicial, es un episodio que no tiene ninguna justificación y mucho menos que debe quedar sin sanción judicial y de la sociedad.

La acción resultó ser una blasfemia, no solamente por los excrementos lanzados contra la fachada de la Institución que representa la Justicia de la nación, sino por haber alcanzado la sagrada Bandera Nacional.

Algunos han dicho que la acción tiene ‘justificación’ por lo que entienden es la ‘podredumbre’ en que está la justicia nacional. Otros ven la acción como un grosero atentado contra uno de los poderes del Estado, como una provocación. También hay quienes entienden que lo ocurrido es una agresión contra la nacionalidad, el símbolo patrio, la Bandera, el emblema que salió ‘lesionada’.

Me entristece que en las redes sociales la ‘discusión’ gire más que sobre el atentado, la violación de la seguridad -en un lugar donde estaban los jueces, el funcionarato del país y, sobre todo, el Presidente de la República- es que si el embarrar la sede del Poder Judicial y de la propia Bandera Nacional es un acto ‘patriota’ y/o el ‘ejercicio de un derecho’, como es la protesta y/o como una acción legítima de los que se han erigido en ‘defensores del pueblo’, como es el Falpo.

Hoy un comunicador me justificaba que ese tipo de ‘protestas’ se ve en todas partes del mundo. Eso no es justificación para tal grosería.

Otro amigo comentaba que la acción había sido dirigida por un grupito subversivo, violento, que ‘no obedece necesariamente’ a los lineamientos y política del ‘auténtico’ Falpo, pero ‘protestan’ por el arresto de los desaprensivos.

Y no pocos políticos, la mayoría enquistados en la oposición, tratan de justificar el desaguisado sobre la premisa de que ‘es la manifestación del pueblo, sobre su consideración de lo que es la Justicia’.

El asunto ahora no es ‘dar ejemplos’. El tema es que quien viola la ley, y más sobre emblemas como el Poder Judicial y la Bandera Nacional, debe pagar las consecuencias.

Y por ello es correcto el arresto, el sometimiento a la justicia y las sanciones que deben producirse contra los confesos autores del episodio, del cual se regodeaban en declaraciones a la prensa mientras eran llevados bajo arresto por agentes policiales destacados en el lugar.

No podemos permitir acciones semejantes, bajo ninguna circunstancia, y menos promoverlas como acciones correctas a favor de los derechos a la denuncia, a la protesta.