La política vuelve a infiltrarse en la justicia dominicana

Bastó una sentencia judicial contra la madre y su hijo acusados de cometer un feminicidio atroz, para que la sociedad dominicana reaccionara enfurecida y emergiera otra vez el nivel de infiltración política en ese Poder del Estado.

Durante más de un año del crimen de la adolescente de 16 años, con cinco meses de embarazo, Émely Peguero, que había desaparecido el 5 de agosto de 2017, ni las redes sociales ni los medios digitales ni la televisión ni los periódicos impresos ni los noticiarios de radio cedieron un ápice.

Los diferentes sectores de la sociedad también se mantuvieron en vilo. El creciente reclamo de justicia fue unánime cuando trascendió que los principales culpables del asesinato eran Marlon y su madre Marlin Martínez, quienes horas antes inventaron macabras coartadas ante el país.

Pero cuando finalmente comenzaron las investigaciones y se evidenció la desaparición de evidencias y que se había estropeado la escena del crimen, así como la imposición de tecnicismos jurídicos, interminables reenvíos de audiencias, tratativas, conciliábulos y vinculaciones políticas minimizadas adrede, el panorama comenzó a cambiar. El escepticismo primó en la mente de los dominicanos.

Entonces Marlin se convirtió en uno de los principales focos de atención del caso, no sólo porque era la madre de Marlon, el novio de Emely, padre de la criatura que llevaba en su vientre y principal sospechoso del delito agravado. Sino por su destacada participación en todo lo que rodeó el hecho sangriento y su vinculación con el poder político y económico del país.

Se supo así que era una influyente dirigente en la región nordeste del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y que se desempeñaba como subdirectora de la Dirección General de Pasaportes, donde devengaba un sueldo de 100,000 pesos. De este cargo fue destituida por el presidente Danilo Medina un mes después de estallar el escándalo, mediante decreto 326-17, el 2 de septiembre del año pasado.

Mientras investigaciones periodísticas determinaban que Marlin tenía una gran bonanza económica, sin que se diera a conocer su declaración jurada de bienes. Que además era propietaria de un edificio que construyó en San Francisco de Macorís; la Torre Don Luis, el nombre de su padre.

También que en la capital registraba inversiones en casas de zonas exclusivas, como el residencial caminos de Arroyo Hondo, donde vivió un tiempo, en Arroyo Hondo Viejo y un apartamento donde residía actualmente, en el piso 29 de la lujosa Torre Mar Azul, en la avenida Anacaona.

Es indudable, que las expectativas eran desbordantes cuando el Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís anunció que emitiría su fallo final sobre el asesinato el miércoles pasado y esa ciudad amaneció tomada por fuerzas especiales de la Policía Nacional.

Ocurrió entonces, lo que todo el país advertía. La violencia estalló, no tanto por los 30 años de prisión para Marlon, sino por la pena mínima de cinco años para su madre Marlin Martínez, cuando hasta el ministerio público le había dictaminado 20 años de prisión.

La justicia de República Dominicana vuelve a dejar en la imaginación del pueblo otra repudiada sentencia, que podría confirmar su indulgencia ante el poder político y económico, tantas veces criticada.

El debate del caso Émely no solo embriaga al ámbito jurídico, sino que ha sensibilizado a la iglesia, a organizaciones sociales y a los medio de comunicación. Considerando, como editorializó Listín Diario, que la sociedad dominicana ha quedado defraudada.

La Iglesia Católica acaba, inclusive, de llamar a la Suprema Corte de Justicia a revisar la sentencia, y el procurador general, tras anunciar la apelación del fallo, recordó que el Código Penal no es propiamente el problema. Que es suficiente en su articulado del 59 al 62 para establecer la complicidad. Ahora solo nos resta esperar que se abra un nuevo capítulo y el sistema judicial dé otro giro menos indignante.