AutoGas: una opción viable
A principios de septiembre la Asociación Dominicana de la Industria de los Combustibles solicitó al Ministerio de Industria y Comercio que conociera sobre una nueva normativa que permitiría vender conjuntamente gasolina, gasoil y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las estaciones. Se trata de un sistema conocido como AutoGas, que ha sido implementado exitosamente en más de sesenta países, que constituye una tendencia en el mercado mundial de los combustibles y que cumple con todas las normativas de seguridad.
Importantes funcionarios del Gobierno y figuras de relevancia en el sector empresarial han mostrado públicamente su apoyo a esta iniciativa, manifestando que una medida de esta naturaleza ampliaría el espectro de opciones a los consumidores y mejoraría sustancialmente la competitividad del sector.
Sin embargo el Ministerio de Industrias ha dado la callada por respuestaÖ Lo que sería intrascendente si se tratara de la primera vez que se intenta implementar el AutoGas y se desconocieran de las pretensiones de otro sector empresarial de impedir su aplicación alegando razones de seguridad.
Quienes se oponen a la implementación del AutoGas se apegan a reglamentos con prohibiciones que datan de otros tiempos y que parten de criterios superados sobre el papel que el Estado está llamado a jugar en la regulación de los mercados.
Las técnicas de seguridad en el manejo de los combustibles han avanzado notablemente desde los años setenta del siglo pasado. Y esa premisa -que se utiliza para instalar estaciones de combustibles o de gas a distancias más cortas entre ellas, o de escuelas y centros de salud que las establecidas por la normativa vigente- son las mismas que sustenta el proyecto de AutoGas.
Pero además hay que tener coherenciaÖ Al Estado se le exige que limite su rol regulador a lo exclusivamente necesario, y que ofrezca condiciones para la libre competencia enfrentando mercados monopólicos y oligopólicos tan perjudiciales para la inversión privada y para los consumidores.
Y ese es precisamente el rol que el Estado se está negando a ejercer cuando da largas al conocimiento de esta solicitud, que simplemente procura la implementación en República Dominicana de un sistema de probada eficiencia y seguridad con el que ya cuentan decenas de países. Entre ellos Jamaica, que lo acaba de implementar hace apenas unos días, en un proceso en el que participaron algunos de los empresarios que intentan ponerlo en práctica en el país.
El Estado no está para proteger las ventajas de ningún sector en particular de un negocio determinado. Muy por el contrario, su rol debe ser garantizar la igualdad y la libre competencia entre todos los actores. Y como lo que es igual no es ventaja, con la aplicación de un sistema como el AutoGas tanto las estaciones de gasolina podrían vender GLP como las de gas podrían vender gasolina y gasoil. Todos en igualdad de condiciones.
Lo que las regulaciones sobre el expendio de combustibles deben garantizar es la integridad del producto y su manejo seguro y confiable. Y en ese aspecto el Estado ha ofrecido palmarias muestras de ineficiencia, pues no son pocas las estaciones de gas que no cumplen mínimamente con los estándares de seguridad.
Es probable que este no sea un problema que afecte las estaciones que pertenecen a los grandes grupos empresariales, pero en este país abundan estaciones de gas con precarias instalaciones en avanzado estado de deterioro y prácticas de manejo altamente peligrosas para los usuarios, consumidores y el entorno donde se encuentran. De hecho, en los últimos años varias estaciones de GLP han presentado problemas. Algunas han estallado. Y en ninguna de esas plantas de gas se vendían otros combustibles.
El Estado está llamado a garantizar la seguridad en todas las estaciones, comercialicen gas, gasolina o cualquier otro combustible, de forma conjunta o separadaÖ Y dotarse para ello de un marco regulatorio moderno, acorde con las realidades de la sociedad dominicana y que salvaguarde las condiciones para que exista la libre competencia.
Y el AutoGas cumple con todas esas premisas, y es por tanto una opción viable que debe implementarse en la República Dominicana.