En la diana
Primer Tiro Se puede plantear que las posibilidades de éxito en la gestión del Sector Publico del próximo periodo de Gobierno a iniciarse en el 2020 dependerán esencialmente del proceso de reformas demandadas, requeridas y esperadas a los sistemas tributarios y presupuestarios. En apoyo a esta hipótesis hay que iniciar estableciendo que según el párrafo del artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en el 2015 debió iniciarse “un proceso orientado a: i) reducir la evasión fiscal, ii) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, iv) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, v) racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, vi) elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, vii) cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y viii) elevar el ahorro corriente e implementar políticas contra cíclicas”.
Segundo Tiro La reducción de la pobreza y la delincuencia, la sostenibilidad de la deuda pública, la cobertura de los servicios de salud pública, el impacto del gasto del 4% del PIB en la calidad de los aprendizajes y en las tasas de deserción y repitencia del sistema educativo, la equidad en el pago de los impuestos, la eliminación de la competencia desleal que significa la evasión de las obligaciones tributarias, el aumento del impacto de las inversiones del sector privado y del gasto público en el crecimiento y la distribución del ingreso, son resultados que dependerán de los procesos de reformas ya citados. En lo que respecta al gasto público, una tarea obligada es la lectura, análisis, debate y discusión del estudio “Mejor Gasto para Mejores Vidas. Como América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos”, del BID, acabado de salir de “imprenta”. Mejorar el gasto para hacer más con menos requiere reformar y cambiar muchas practicas sobre la asignación y ejecución del gasto público, empezando por “mejorar las instituciones y procesos para desarrollar una práctica de evaluación de proyectos ex ante y ex post”.
Tercer Tiro Gran parte del estudio está destinado al análisis de la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Después de dejar establecido que “el gasto inteligente requiere eficiencia operativa, la cual se refiere a la provisión de servicios públicos a un costo y calidad razonables, y en las mejores condiciones de calidad-precio”, el estudio se concentra en la eficiencia asignativa, definida como “la consonancia de las asignaciones presupuestarias con prioridades estratégicas: ¿se están destinando recursos presupuestarios a programas y actividades que promueven las prioridades estratégicas del país? Dicho de manera sencilla, ¿el gobierno está gastando dinero en las “asignaciones correctas” con el mayor valor presente neto generado por un análisis costo-beneficio (CBA, por sus siglas en inglés) social? El objetivo de llevar a cabo un análisis de este tipo es permitir que se comparen de manera coherente y consistentemente prioridades de política alternativasÖ”(pag. 347). Si al tema de la calidad-precio de la eficiencia operativa se agrega el hecho de que las inversiones no se priorizan en función de su relación costo/beneficio, entonces se concluye que la eficiencia actual del gasto público está muy lejos de su potencial.