Dinero y política 2018
En el año 2005 publiqué un artículo que titulé “Dinero y Política”, surgió de mi experiencia para las elecciones que se celebrarían en el año 2006. En ese trabajo señalaba cómo el dinero era fundamental para el desarrollo de las campañas políticas y cómo el gasto en campaña se anteponía a las propuestas, ideas y trayectoria de un candidato, determinando el desenlace final.
Definitivamente, sigo creyendo que la influencia del dinero en las campañas por las posiciones de poder constituye una de las amenazas más críticas para el sistema de gobierno. Ese modelo de hacer campaña prevalece en la República Dominicana y ningún partido político es indiferente a esa cultura de “influenciar” a los desposeídos, los más vulnerables y a aquellos grupos sociales que pueden ser apáticos al momento de favorecer conscientemente a un candidato. Es a esa influencia nociva en el electorado activo, a la que señalo como culpable de disponer de la voluntad de las mayorías excluidas económicamente logrando una “obediencia” de éstas por medio del dinero, resultando que el conflicto en el torneo electoral no es en sí la competencia, sino la subyugante manipulación de las voluntades.
Es por esta realidad que he sido coherente en mi posición, a través de todos estos años de ejercicio político, al exponer la necesidad de regular los gastos de campaña y promover una cultura de transparencia en la procedencia y uso de los recursos públicos y privados que reciben los partidos. Hoy como Secretario Nacional de Finanzas del principal partido opositor, el Partido Revolucionario Moderno, tenemos la oportunidad de actuar en consecuencia de estas ideas.
En las últimas décadas la financiación política ha sido un tema fundamental en toda América Latina, que con el ánimo de enfrentar los problemas que surgen del uso de los recursos económicos procedentes de actividades ilícitas, han desarrollado reformas para garantizar una mayor transparencia.
Muestra de esto es la reciente aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con la cual finalmente se crea un marco jurídico para regular el financiamiento público y privado, un sistema de supervisión y control, así como una limitación de gastos para el período de precampaña. Por ejemplo, el artículo 63, párrafo I dispone un tope en la contribución al disponer que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos pueden recibir aportes individuales de particulares, pero estos no pueden superar el uno por ciento (1%) del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación de fondos públicos.
En cuanto al gasto de la precampaña, se establece un límite para cada nivel de elección en una escala que va desde el nivel presidencial con un tope de RD$70.00 por cada elector inscrito en el registro electoral, hasta el nivel municipal, donde no se puede rebasar el monto RD$50 para los alcaldes y RD$25 para vocales.
Sin embargo, si bien necesitamos que se aplique de manera estricta este instrumento legal que regula el período de precampaña, también tenemos que seguir luchando para que la Ley Electoral en proceso de estudio en el Congreso, traiga consigo un instrumento mucho más eficaz para detener el dispendio de dinero y gasto excesivo en el período de campañas.
No se puede ocultar más; que todo proceso electoral en la República Dominicana viene viciado por campañas que son nichos de los cárteles de organizaciones ilícitas que crecen en capacidad de violentar la democracia, y, con ella, el equilibrio de cualquier Estado de Derecho.
El dinero en la política así como es necesario para que los partidos sobrevivan en los procesos electorales y mantengan sus estructuras organizativas, es por otro lado el elemento que más incide en debilitar la legitimidad de un proceso electoral. El político clientelar, en su objetivo de instrumentalizar la emotividad y las carencias económicas del votante, ejerce una violencia psicológica que le impide ejercer su derecho al voto de una manera justa, responsable e informada.
Han pasado 13 años desde 2005, y aún la sociedad civil y las organizaciones políticas estamos a la espera de una disposición legislativa rigurosa sobre el financiamiento de las campañas en general, para evitar la competencia desleal y el coste que trae la debilidad del proceso electoral. Aprobar una ley al respecto sigue siendo un desafío para esta sociedad. Desde el espacio que hoy, gracias a la nueva dirección política del PRM, seguimos tratando de explicar y mejorar la relación del dinero y la política.