Complementariedad solidaria

Hace más o menos una docena de años, quizás algunos más, asistí a un diálogo no común entre social civilistas y políticos, convocado por el Centro de Gobernabilidad Democrática de INTEC, y la Fundación Friedrich Ebert.

He creído oportuno recuperar este sábado, algunas de las reflexiones que en esa ocasión hice, como siempre en En Plural, espacio en el que cuento lo que pienso y lo que siento.

La idea central alrededor de la cual giró el intercambio era analizar la relación entre el Estado, los partidos y la sociedad civil.

Se procuraba “crear un espacio de debate y reflexión” en torno a esa relación, unas veces conflictiva, confusa y elusiva casi siempre.

Todos los presentes en el encuentro éramos conscientes de las dificultades que han existido y que existen en República Dominicana para construir la deseable relación de complementariedad entre la sociedad civil y el Estado.

Vaguedades en la propia definición y conceptualización de ambos términos, sobredimensionamientos de la función de la una y del otro, diferencias profundas en las concepciones programáticas e ideológicas, son, como afirma Achim Wachendorfer, “cargas históricas que obstruyen la relación”.

Mutuas acusaciones se han cruzado para descalificar a los que debiendo ser socios se perciben como adversarios, y de esas acusaciones muchas veces son responsables los propios actores, que han confundido sus papeles intentando invadir o neatizar el espacio del otro.

Mitificándose, en ocasiones, la Sociedad Civil se constituye a sí misma en el “sujeto virtuoso”, en un “nosotros” indiferenciado cuya existencia se explica y justifica en la oposición a “los otros”, los enemigos, que devienen en ser los políticos, que aparecen como causantes de todos los males habidos y por haber.

La sociedad civil como afirma Peter Herstemberg, es un concepto relacional, su fuerza, su forma, sus espacios de acción, quedan vinculados a la acción del Estado. O sea, quien habla de sociedad civil, también tiene que hablar de la “sociedad política” y del aparato estatal.

Pero esa correspondencia biunívoca no se ha entendido bien y se ha aplicado poco. Se pone de moda satanizar desde la arena de la sociedad civil a los partidos políticos, y el social civilismo pretende transformarse en una “paradójica forma de hacer política denegando que se hace política, lo que posibilita grandes márgenes de discrecionalidad e incluso impunidad”, como afirma Luis Salazar.

Ello configura una situación favorable para que poderes fácticos intenten capitalizar la debilidad de la política formal, para imponer sus intereses y sus valores, emboscándose en la sociedad civil y hablando en nombre de todos.

Por su lado, los partidos políticos no siempre cumplen con sus dos funciones esenciales: competir en las elecciones, y articular las demandas sociales.

Una percepción pragmática y cortoplacista hace que los partidos otorguen a la primera función, ligada imperativamente a la aspiración al poder, la máxima prioridad. Y aunque algunos de esos partidos posean sinceramente una buena dosis de sensibilidad ante las demandas ciudadanas, ya sea por la procedencia social de sus bases y sus dirigentes, o por la doctrina a la que se adhieren, no siempre pueden o quieren, o les conviene articular congruentemente esas exigencias y necesidades en sus programas, que son muchas veces, un muestrario inconexo de enunciaciones de promesas profusas y confusas, que incluso se contradicen entre sí.

Luego, desde el gobierno, el partido que a veces no ejerce el poder que le corresponde, por la fuerza de esos poderes fácticos atrincherados en la sociedad civil, encuentra grandes dificultades para impulsar en la práctica una efectiva atención a las demandas ciudadanas.

La República Dominicana, durante muchos años no escapó a estas caricaturas de una sociedad civil manipulada y maniqueada, y de unos partidos políticos con decreciente capacidad y disposición para la buena articulación-armonización y cumplimiento de las demandas sociales.

Enfrentados en vez de “ayuntados” o infiltrados en sus respectivos cuerpos sociales por poderes fácticos y por intereses muy particulares, la sociedad civil y los partidos políticos en nuestro país no han podido rendir el mejor servicio a la consolidación de nuestra democracia, que necesita de ambos para ampliarse y profundizarse.

Describí en principio que este tema de relación sociedad civil-políticos-Estado era oportuno. Lo es.

La Marcha del Millón unió en su magnitud, a ciudadanos y a políticos. ¡Señal esperanzadora!

Lo que se quiso lograr en aquella reunión convocada por ese referente de cultura y modestia que el Rafael Toribio y por la fundación Friedrich Ebert va tomando cuerpo. ¡Complementariedad solidaria!